Javiera Donoso

En menos de diez minutos se acaba el peor año de la familia Gutiérrez Martínez. Dos jueces votaron en contra de Lupe Carbonell. Uno votó a favor de su inocencia. La sentencia: cinco años y un día, pena efectiva y sin ningún beneficio, por el delito de sustracción de menores. Específicamente, por la sustracción de Constanza Gutiérrez Martínez, un día después de nacer. Cuando termina la audiencia, los padres de Constanza, Alejandra Martínez (21 años) y Sebastián Gutiérrez (30), salen a conversar con su abogado. Afuera, las cámaras y micrófonos los rodean. “Estamos conformes. La justicia es la justicia”, declara el padre. “Estoy conforme”, reafirma la madre.

La batalla legal, sin embargo, no ha terminado para ellos.

Lupe Carbonell, que en mayo de 2012 secuestró a la recién nacida del Hospital Clínico San Borja Arriarán, ha sido condenada. La sentencia es lo que la familia estaba esperando para poder querellarse no sólo contra Carbonell, sino que también contra Fernando Benavente Undurraga en representación del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), del que depende el centro asistencial.

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Constanza nació el sábado 12 de mayo de 2012. Sebastián Gutiérrez, su padre, recuerda que ese día había vigilantes circulando por el pasillo, supervisando, porque había mucha gente: “Siempre estuvo el guardia ahí en el horario de visitas. Al otro día, a esa misma hora, no había ningún guardia”, dice Gutiérrez.

Ese domingo, a las seis de la tarde, una enfermera entró a la habitación de Alejandra Martínez y le pidió el bebé para tomarle la temperatura. Cuando pasaron unos quince minutos y su hija no volvía, Martínez se preocupó.

Después de ir al baño, cuando Gutiérrez salió del ascensor se encontró con su pareja caminando por el pasillo, alterada, sola. Cuando le preguntó por “¿la Coni?”, ella le contestó que se la había llevado una funcionaria. No había ninguna en el pasillo.

Fueron a una sala al fondo del piso, donde unas enfermeras estaban tomando té y comiendo torta. Les avisaron que se habían llevado al bebé, pero les dijeron que no era posible porque estaban todas ahí. La madre comenzó a llorar. Ellas le pidieron que se calmara y empezaron a preguntar: “¿A quién se la había entregado?”, “¿Cómo se le ocurría hacerlo?”

“Me decían que cómo no le pedí el nombre. ¿Cómo le voy a pedir eso, si ya se la habían llevado antes a bañarla? Es como con un carabinero. Tú no le vas a estar pidiendo los papeles para saber si es un carabinero o no”, explica Alejandra Martínez.

La mujer que se había llevado a su hija era Lupe Carbonell, y Lupe Carbonell no era una enfermera.

A la madre la llevaron de regreso a su pieza y Sebastián Gutiérrez se puso a registrar el recinto. Llamó a Carabineros. Llamó a su familia. Quince minutos después, su madre Nancy Pardo, su hermana Graciela Gutiérrez y su medio-hermano Sandro Césped, estaban ahí, buscando con él. “Nosotros nos dividimos para empezar a ver camilla por camilla, sala por sala, piso por piso. Mi hermano en los baños, los basureros, porque ni el hospital ni el guardia hicieron nada. Nadie hizo nada”, recuerda Graciela Gutiérrez.

El personal del hospital no los ayudó, aseguran todos. Terminó el turno, pero carabineros no los dejaba irse hasta que el fiscal llegara. “Nunca se movieron. De hecho, estuvieron reclamando hasta el final. A ellos les interesaba más irse a sus casas que ayudarnos”, cuenta Sebastián Gutiérrez, y recuerda que debió “correr” a un guardia para acceder a las cámaras de seguridad, según recuerda. Fue la familia la que llamó a todos los canales de televisión y a la PDI.

Los funcionarios, recuerdan los padres de Constanza, se burlaban mientras rastreaban solos a la recién nacida. Alrededor de la sala de maternidad escuchaban bromas como “¿y dónde está la guagua? ¿Quién la tiene?”. Por eso pidieron hablar con el director del hospital, Claudio Robles. Les dijeron que estaba ocupado. Trataban de tomar los nombres de las personas que se reían, pero no había con quién denunciarlo. “Todo se prestó para una chacota”, dice Nancy Pardo, la madre de Sebastián Gutiérrez.

Después de 16 horas de angustia e incertidumbre, Gutiérrez recibió la noticia de que habían encontrado a Constanza. Fue al cuartel de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI y se encontró con su hija. La llevaron de vuelta al hospital para hacerle exámenes. A esas alturas llegaron el director y la ministra del Sernam de entonces, Carolina Schmidt.

Se les prometió ayuda legal y psicológica. Nunca llegó nadie de parte del centro de salud. Una psicóloga del Sernam visitó a Alejandra Martínez dos veces durante el mes de mayo en su hogar, pero para más sesiones ella debía ir a la consulta. La madre se negó y la comunicación entre las dos se diluyó hasta desaparecer. El Sernam también apoyó a la familia con un abogado que estuvo presente durante todo el proceso contra Carbonell.

El abogado del hospital, al igual que el psicólogo, nunca aparecieron. Sebastián Gutiérrez contrató a su propio abogado, Claudio Lefever.

Desde que secuestraron a su hija, Alejandra Martínez ha pasado por períodos depresivos que la han llevado incluso a intentar suicidarse. Puede dormir por períodos cortos y solo si está la luz prendida. Durante el día se siente más tranquila, pero por las noches tiene miedo, incluso cuando está con gente. Lleva un año en tratamiento psicológico particular.

Constanza usa talla dos, aunque sólo tiene un año. Nadie que no sea de la familia puede cuidarla. Incluso algunos miembros familiares sólo pueden cuidarla por una o media hora. La madre no tiene amigos en el colegio, donde está terminando el cuarto medio: “Ya no tengo esa confianza en nadie. Ahora trato de que estemos nosotros no más acá en la casa”, dice Martínez.

Su pareja también se ha aislado. Después del incidente en el San Borja, la pareja con sus dos hijos –Constanza y Daniel, quien tiene cuatro años– se fue a vivir con Nancy Pardo. La falta de espacio y unos cuantos conflictos los hicieron cambiarse a la casa de la otra abuela. Los mismos problemas los hicieron buscar un espacio propio.