Los gastos comenzaron a convertirse en deudas. “Me endeudé porque pasaban un sinfín de cosas que no se acababa nunca. Primero, la Ale al psicólogo. Después el problema del espacio. Después me mandaron una mercadería que no pude vender porque no pude estar ahí. Perdí como 20 millones”, dice Gutiérrez, quien estuvo 15 días sin trabajar.
El juicio contra Carbonell ha afectado a la familia. Graciela Gutiérrez explica: “Pareciera que el caso salió ahora. Verla en el juicio, declarar, ha removido todas las cosas de nuevo”.
El hospital, a través de un comunicado de prensa fechado el 15 de mayo de 2012, aseguró que habían brindado “todo el apoyo clínico, psicológico y moral a los padres de Constanza, acompañándola desde los inicios del lamentable suceso”. Nancy Pardo, Graciela y Sebastián Gutiérrez y Alejandra Martínez lo niegan. “Si hubiera sido así, nosotros hubiéramos dicho: ‘Se portaron bien. Fue una falta de seguridad y qué vamos a hacer contra eso’. Pero no fue sólo por seguridad. Se portaron pésimo”, asegura Martínez.
La seremi metropolitana de salud metropolitana, Rosa Oyarce, dice que el asunto no le compete y dirige la pregunta al SSMC. El Servicio de Salud dice que el asunto no le compete y dirige la pregunta al hospital San Borja. El hospital San Borja no quiere referirse al tema.
***
Sólo tiene que haber la simple sospecha de que un menor ha desaparecido para que todo el personal del hospital estadounidense John Dempsey, del centro de salud de la Universidad de Connecticut, se mueva para encontrarlo.
Los hospitales John Dempsey, Cedars-Sinai en Los Angeles, Hospital General de Massachusetts en Boston, Universidad de Salud y Ciencia de Oregon y el Sistema de Salud de las Carolinas, entre otros, utilizan el llamado Código Rosa como protocolo para el secuestro de niños en centros de salud.
El procedimiento obliga al personal a lanzar la alerta para que todos sepan que deben chequear salidas y estar atentos a actitudes sospechosas. Además, deben informar inmediatamente a la policía, apoyar a los padres, no permitir que nadie salga del área y registrar toda la unidad de manera minuciosa.
El protocolo del Portmouth Hospitals NGS, en el Reino Unido, es muy similar: desde que alguien sospecha se alerta a los funcionarios y se notifica a la policía inmediatamente. Desde qué hacer hasta con quién y en qué orden hablar: todo está tipificado.
El hospital San Borja no contaba con un protocolo para enfrentar una situación como esta. Tampoco lo tienen las clínicas privadas. July Hidalgo, enfermera de la Clínica Indisa, explica que no se formulan hasta que algo sucede: “Acá no hay protocolo. Nunca nos ha pasado algo así”, dice Hidalgo.
Postergar la demanda hasta después de condenada Carbonell fue una movida estratégica, dice el abogado de la familia Gutiérrez Martínez, Claudio Lefever, pues los mismos funcionarios que testificaron en el juicio aportaron información sobre irregularidades en el centro asistencial.
Además de la falta de un protocolo de seguridad, el abogado destaca que el guardia del séptimo piso, donde se encuentra la maternidad, no estaba en ese momento; que las enfermeras estaban todas en una sala tomando once, que en ese momento se permitía retirar niños sin sus madres, y que los funcionarios no tenían credenciales. “Lupe Carbonell entró, se vistió adentro, salió con la niña y todo sin ningún tipo de control o registro. Eso fue lo que facilitó la comisión del delito”, dice Lefever.
En los artículos 4 y 44 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado está estipulado que el Estado debe responder por los daños ocasionados por concepto de falta de servicio. “Omisión del deber de cuidado significa que ellos no cumplen con la obligación de garantes de la salud de las personas y una cosa básica de la salud de una persona es precisamente el que te cuiden, en otras palabras, que no sea sustraída del lugar”, explica Lefever.
Durante la mediación con la abogada del hospital, ella preguntó qué quería la familia. Ellos pidieron ayuda psicológica de por vida para Martínez y una indemnización: “No buscamos una cantidad grande de plata. Quiero que se reparen los daños y que quede precedente para que no vuelva a pasar”, dice Sebastián Gutiérrez. Después de hacer un sumario, la abogada del San Borja les respondió que él junto a su esposa eran los culpables por haber entregado el bebé a la secuestradora.
Sobre la autora: Javiera Donoso es alumna de cuarto año de Periodismo y este reportaje es parte de su trabajo en el curso Taller de Prensa Escrita, dictado por la profesora Jimena Villegas.