Descubierto el engaño, el Sexto juzgado del Crimen de San Miguel lo procesó y condenó a 200 días de presidio menor, pena que fue cumplida.

Ese mismo año Nolli fue acusado como cómplice de hurto de material de guerra y diez años más tarde juzgado por almacenamiento ilegal de armas de fuego.

Sus siguientes infracciones serían todas de tipo económico. Giro doloso de cheques y estafa en los años 1995, 1996 y 1998.

Asociación ilícita

Tufit Bufadel, fiscal jefe de Maipú, encabeza la investigación por la presunta asociación ilícita que Nolli habría llevado a cabo en sus negocios. Aunque no es prioridad del fiscal investigar a Nolli –porque está muerto– ni el dinero que éste habría ganado, Bufadel ha establecido que la organización que Nolli encabezaba basaba sus negocios en la obtención de cobre robado. La manera de operar –llegó a establecer la fiscalía– era ordenada y jerarquizada: los líderes eran el mismo Nolli y el dueño de Goycolea, Luis Rodríguez Maluenda.

Raúl Campos y su hijo Ulises, los peonetas, eran los responsables de recolectar el metal que se comerciaba “en negro” y trasladarlos a la bodega de calle Cueto 895, donde seleccionaban el material que iba a ser entregado a Madeco Mills.

Mercedes Vallade, la pareja de Nolli, era la encargada de acompañarlo en las entregas de cobre.

Los Rodríguez proveían las facturas de Goycolea, para que Nolli pudiese entrar a Madeco Mills sin levantar sospechas.

Sólo en el período 2010-2011, las transacciones de Goycolea con Madeco Mills alcanzaron alrededor de 2.259 toneladas de cobre. Otra parte del negocio era la evasión del IVA: 1.430.496.368 pesos por parte de Nolli y sus socios, según cálculos de la fiscalía.

El fiscal está investigando además la responsabilidad del ingeniero comercial Julio Lacámara Zulueta, del contador Jaime Massardo Barroso y del ejecutivo Patricio Torres Oteíza.

Lacámara era el nexo entre Madeco Mills y Goycolea, y el responsable de cobrar los cheques. Pieza fundamental de la organización, conoció a Luis Rodríguez el año 2009 a través del cuñado de éste, Alfredo Hernández. Fue así como Rodríguez y Lacámara se reunieron en una pizzería de Apoquindo, donde el ingeniero comercial propuso el plan: unos amigos en la gerencia de Madeco Mills le facilitarían la entrada de metal traficado, pero necesitaban una persona con experiencia para recolectarlo.

En una declaración de Héctor Añazco, otro imputado, se señala que el contacto de Lacámara dentro de Madeco Mills era el gerente de administración y logística, Erwin Blaschke, quien se habría encargado de acelerar los pagos de las facturas y de no rechazar el material.

Jaime Massardo Barroso, el contador de la sociedad, era quien facilitaba la documentación falsa. Hacía las guías de despacho a nombre de Ana María Bórquez, una de varios palos blancos que en Goycolea manejaban para justificar la compra de cobre robado.

Patricio Torres Oteíza, uno de los encubridores del delito para la fiscalía, era quien proporcionaba, a través de sus empresas “Excedentes Patricio Torres Oteíza E.I.R.L.” y “Excedentes y reciclajes Maipo Ltda.”, facturas y guías de despacho para justificar ventas que existían sólo en el papel.

Los querellantes

El Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula que el perjuicio al Fisco hecho por Goycolea asciende a los a 1.400 millones de pesos, los que estarían repartidos entre los integrantes de la “sociedad Nolli”. Según consta en el documento de la denuncia hecha por el SII, la ruta de limpieza del fraude tributario consistía en respaldar con documentación y datos falsos las supuestas ventas realizadas por Goycolea.

Chilectra, Compañía General de Electricidad, Telefónica y Movistar emprendieron acciones por receptación y asociación ilícita, debido al robo de cables de sus propios tendidos. Las empresas argumentan que debido a la substracción sus servicios no pudieron desarrollarse con normalidad, “pasando a constituir un riesgo que potencialmente afectaría a miles de usuarios del sistema”.

Entre el material rescatado de la bodega de Nolli, la Compañía General de Electricidad logró identificar 340 kilos de cobre que pertenecían a su empresa. Chilectra, en tanto, reconoció otros 300 kilos.

Hoy, la justicia todavía busca establecer las responsabilidades que le competen a cada uno de los involucrados de la asociación ilícita y sigue investigando las responsabilidades que le caben a la empresa que recibía el cobre robado, Madeco Mills.

Sobre la autora: Carola Julio es alumna de cuarto año de Periodismo y este artículo es parte de su trabajo en el curso Taller de Crónica, dictado por el profesor Javier Fuica.