Rosario Góngora
En el muro hecho de cartones hay una puerta blanca de madera. Detrás de ella, hilos con ropa colgando: calcetines, poleras, pantalones, y al final otra puerta. La casa de Maritza Reyes tiene dos piezas y un baño, todo dividido por cortinas. Ella, su marido y sus tres hijos, viven desde mayo pasado en la población Japón de Maipú y la vivienda propia con la que sueñan aún no tiene fecha de entrega.
El catastro Mapa Social de Campamentos de 2011, realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), determinó que un total de 83.863 personas viven en 657 campamentos establecidos a lo largo del país. El presidente Sebastián Piñera, en su primera cuenta pública, prometió erradicar el 80%. Su objetivo era terminar con ellos para el año 2020 y, así, convertir a Chile en el primer país de Latinoamérica sin pobreza extrema. Si bien el gobierno plantea que se ha erradicado el 77% de los campamentos de todas las regiones, un nuevo estudio revela que este porcentaje no sería real.
Un campamento es un asentamiento de ocho o más viviendas construidas sin plan regulador que no tienen acceso a luz, agua o alcantarillado. En 2011 se contabilizaron 117 en la Región Metropolitana. Este año un conteo registrado por Techo –organización sin fines de lucro enfocada en erradicar la pobreza extrema– determinó que en la misma región existen 46 campamentos más. Según Pía Mundaca, directora social de Techo, estos asentamientos no aparecerían en el último catastro oficial por tres razones: en ese momento no se ajustaban a la definición de campamento, se formaron después del sondeo o el Minvu no llegó al lugar por ser de difícil acceso.
Lo anterior significa que existe un número indeterminado de personas que no aparecen en los registros del ministerio como habitantes de campamentos. ¿Por qué no se ha llevado a cabo un nuevo catastro para actualizar el registro? “El gobierno tiene metas que cumplir, sobre todo este último año. No van a aumentar el número [de campamentos en el registro], aunque yo crea que es lo más sensato y ético”, dice Mundaca.
La coordinadora de la Secretaría de Aldeas y Campamentos del Minvu, Claudia Figueroa, desmiente la afirmación de Mundaca y asegura que no existe un trasfondo de conveniencia política para no haber realizado un estudio nuevo. “Suena horrible, pero para ordenar la manera de trabajar priorizamos a los más antiguos. Lo más probable es que la próxima administración haga un nuevo catastro, no quisimos hacerlo nosotros porque creemos que ellos querrán tener su propia metodología”, explica Figueroa.
Todas las personas pueden postular Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS-49, que, en promedio, entrega 13 millones de pesos. El subsidio está destinado a familias sin vivienda que viven en situación de vulnerabilidad social y cuyo puntaje de carencia habitacional en la Ficha de Protección Social (FPS) sea igual o menor a 8.500 puntos. El puntaje se calcula sobre la base de una serie de preguntas que indican la situación habitacional de las personas. La mayoría de los habitantes del campamento Japón cumplen estos requisitos, pero –como el asentamiento se formó entre septiembre y octubre de 2011, y quedó fuera del catastro– hoy sus habitantes no son prioridad para el ministerio.
Claudia Figueroa del Minvu explica que en la postulación tienen prioridad las familias catastradas: “No es lo mismo un campamento con familias que llevan veintiún años viviendo así, a uno con personas que recién lo forman, porque las primeras llevan esperando más tiempo”.
El primer catastro realizado por el Minvu data de 1966 y dio cuenta de 972 campamentos. La tarea de erradicarlos por parte de los gobiernos chilenos ha tenido avances significativos: se han eliminado 315 desde el primer sondeo. Los registros oficiales muestran que más de 80 mil personas continúan viviendo en esta realidad, cifra que sería mayor según un estudio que Techo publicará en los próximos días.
Pero existen familias que quedaron fuera del registro oficial aún viviendo en asentamientos que sí fueron contabilizados. El campamento Badén de Lampa lleva cerca de 17 años instalado en la comuna. Wendy Ovalle vive hace más de un año en él, pero, a diferencia de las otras doce familias que los componen, ella y su hija menor no aparecen en el catastro del ministerio. Tuvo una separación momentánea con su pareja y, justo en el período en que se hizo el sondeo, ambas estaban viviendo en otro lugar.
“Muchas familias de campamentos registrados no quedan catastradas. A veces por errores del ministerio con las fichas de protección, otras porque luego del conteo las familias aumentan en número”, explica Cecilia Castro, presidenta de También Somos Chilenos, organización que trabaja en 500 campamentos generando redes de apoyo para solucionar los problemas más urgentes y enseñando a postular a los subsidios que entrega el Minvu.
En 2010, a través de un aporte del gobierno y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), se entregaron subsidios que permitirán a los residentes del campamento Badén acceder a las viviendas del proyecto habitacional Pedro Aguirre Cerda Wetripantu, que está en proceso de construcción en Lampa. Como Wendy Ovalle no está en el registro, no le dieron el subsidio: “Todas las familias en el campamento cuentan con la plata para su casa, soy la única que aún sigue a la espera”.
Ivette Sanhueza, dirigente de los campamentos Badén y Estero de Lampa, asegura que los problemas se solucionarían con la realización de un nuevo catastro, pero siempre y cuando este se haga con un trabajo en conjunto del ministerio y los dirigentes. “Nosotros sabemos qué gente es nueva y qué gente es antigua. Ellos no saben bien cuántas familias hay. Es necesario un trabajo en conjunto”, asegura Sanhueza.
Subsidios sin proyectos habitacionales
Maritza Reyes ya cuenta con los 250 mil pesos que pide el Minvu para postular a su casa propia. Entre un aporte de la municipalidad de Maipú y una donación del animador de televisión José Miguel Viñuela, ella y las 23 familias del campamento Japón lograron reunir las 10 UF que se exigen por cada familia. El problema es que aún no existe un proyecto habitacional en el que puedan invertir su subsidio.
Cuando las familias que pertenecen a campamentos catastrados deciden postular a un subsidio habitacional, en general lo hacen como comunidad. El campamento completo postula y, si gana, el ministerio se contacta con una empresa constructora que desarrolla un proyecto habitacional para todos los vecinos: terreno y construcción asegurada de un conjunto de viviendas sociales. Los habitantes de asentamientos no catastrados deben postular de manera independiente al subsidio: sin la certeza de contar con un proyecto habitacional. Una vez obtenido el subsidio, hay un plazo de dos años para ocuparlo, si no hay proyecto habitacional en ese período, el dinero se pierde. Así, las personas no catastradas, además de tener bajas probabilidades de obtener el dinero para una casa, en caso de obtenerlo, es posible que no tengan en qué casa ocuparlo.
El problema, según Cecilia Castro de También Somos Chilenos, radica en que cada vez son menos los privados que están interesados en invertir en proyectos de vivienda social. “Me preocupa que las personas piensen que su problema se está solucionando solamente porque tienen un subsidio en sus manos”, comenta Castro. El alza en el precio de los terrenos y un escaso interés de las constructoras por los proyectos enfocados en sectores más vulnerables, serían las razones que explicarían la disminución en la disponibilidad de viviendas sociales en el país, según Pía Mundaca del Minvu.
Claudia Figueroa del Minvu cuenta que están trabajando en conjunto a la Cámara de Construcción para solucionar la situación. Asegura que la entrega de subsidios, aun sin proyecto habitacional, es decir, sin seguridad de obtener una casa o terreno a pesar de tener el dinero, puede ser el pie para que las familias salgan de la extrema pobreza: “Prefiero, de corazón, entregar un subsidio sin proyecto que motive todo lo demás a no entregar nada”, dice Figueroa. El proceso de postulación a los subsidios habitacionales de este año está previsto para octubre.
Uno de los puntos de la base programática de la candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei, es “seguir avanzando en la erradicación de campamentos”, tarea para la cual entregaría 400 mil subsidios y crearía secretarías técnicas regionales para reducir el déficit habitacional. En la página web del comando de Michelle Bachelet, abanderada de la Nueva Mayoría, la candidata se compromete a llevar a cabo planes de vivienda para terminar con los campamentos y la precariedad habitacional. Por el momento ninguna de las dos se ha referido explícitamente a la creación de un nuevo catastro de campamentos.
Sobre la autora: Rosario Góngora es alumna de cuarto año de Periodismo y este artículo es parte de su trabajo en el curso Taller de Prensa Escrita, dictado por el profesor Sebastián Rivas.