Por Josefina de la Fuente

La acción “Durante el 2013, se auditaron 12 almacenes de CLG (Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillan, Los Ángeles, Concepción y Temuco), obteniéndose como resultado de la auditoría un indicador de cumplimiento para la gestión de residuos. Lo anterior fija como objetivo para el año 2014 dar seguimiento al indicador, con el fin de mantener un control sobre el nivel de cumplimiento de la compañía, con respecto a la Gestión de Residuos” comprometida por CGE (Compañía General de Electricidad) es cierta con reparos de suficiencia y transparencia. Esto conforme con la metodología del ejercicio de verificación realizado por el equipo de estudiantes del taller de fact checking de periodismo de la Universidad Católica.

Tras la auditoría realizada el año pasado en sus almacenes, el Departamento de Medio Ambiente de CGE ordenó la implementación de contenedores para resguardar el aceite dieléctrico, una sustancia que está dentro de los transformadores con que operan. Este líquido es considerado un residuo peligroso y, según eso, debe tratarse conforme a una normativa del Ministerio de Salud (Minsal).

El 28 de febrero del presente año, USC logística, filial de CGE y encargada de los almacenes, instaló los contenedores. Según Cristián Araneda, director de Chile Residuos y especialista en la gestión de Respel, estos elementos efectivamente cumplen con las normas mínimas: los conteiner funcionan y tienen la señalética y altura correcta. Sin embargo, dice el experto, “tienen detalles defectuosos como la carencia de palletes que los hace vulnerables a deteriorarse”.

Así, recién desde 2014, CGE cumple con la norma. Sin embargo, según indican los tiempos legales, lo debió haber realizado casi 10 años atrás. El manejo de residuos peligrosos está regulado por el decreto 148 del Ministerio de Salud. Dicho documento se publicó el 12 de junio del 2003 y, por consecuencia, entró en vigencia el 16 junio del 2004, un año después.

Cuando una empresa no cumple con este reglamento, la Seremía de Salud de cada región tiene la facultad para multarla. Esto es precisamente lo que ha sucedido con CGE. Cristina Álvarez, jefa del departamento de Medio Ambiente de la empresa, cuenta que el Minsal los ha fiscalizado y multado más de una vez. Según Álvarez, la empresa corrigió el error recién este año ya que que las multas representaban un castigo económico menor para la empresa. “Esto sigue siendo fiscalizado por el Ministerio de Salud, por tanto no corren las multas estratosféricas de la Superintendencia del Medio Ambiente”, reconoce. Con todo, el jefe ambiental de CGE afirma que los temas ambientales ahora sí son una prioridad para la empresa “tras la restructuración de la gerencia de la compañía”.

La instalación de los conteiner que hizo USC requiere una inversión -según expertos- “millonaria”, no sólo por la utilización de materiales, sino por la capacitación que necesitan los trabajadores para manejarlos. Sin embargo, se desconocen los costos de inversión. Juan Pablo Berríos, gerente de USC afirma no contar con el presupuesto y en el Departamento de Medio Ambiente aseguran lo mismo.