Greta di Girolamo

Ximena Leiva abre la caja de cartón y elige una de las bolsas Ziploc marcada con plumón azul: “costillas derechas”. Toma los huesos uno a uno y los deposita en orden sobre la camilla metálica. Les hace un espacio entre la clavícula y el húmero del brazo derecho, como quien hace calzar las piezas de un rompecabezas. Al cabo de una hora, el montón de huesos se convierte en el esqueleto de un hombre treintañero que ronda el metro 70. Leiva aplaude al ver el resultado. La disposición es perfecta, pero nadie sabe quién es. En el cráneo, el rastro de un disparo.

Después del golpe de Estado de 1973, las Fuerzas Armadas, al mando del general Augusto Pinochet, hicieron desaparecer y ejecutaron a cerca de 3.500 personas. En 1990, cuando se restableció la democracia, la Vicaría de la Solidaridad presentó una denuncia por entierro ilegal de cadáveres en el cementerio de Pisagua. El caso desembocó en la exhumación de miles de tumbas y el Servicio Médico Legal (SML) creó la Unidad de Detenidos Desaparecidos para determinar la identidad de los restos de las víctimas.

Hoy, el equipo de 17 peritos está compuesto por antropólogos, arqueólogos, odontólogos y médicos legistas. Tienen 30 años en promedio y se llaman Unidad Especial de Identificación Forense (UEIF). Hasta la fecha la unidad ha identificado a 277 detenidos desaparecidos. El último caso es el de Jenny Barra, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida y desaparecida en 1977 e identificada en octubre del año pasado.

Ana María Araneda, encargada del contacto con las familias de las víctimas y la entrega de restos, dice: “Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, esa es la importancia de que en Chile exista este equipo. No se ha identificado ni el 10% de los desaparecidos y si algún resto se encuentra en el futuro, la justicia va a tener que seguir una investigación”.

“Después del escándalo de Patio 29 [ver recuadro al final del texto], el nuevo equipo multidisciplinario ha hecho un trabajo excelente. En una urnita va algo mínimo, un meñique, un diente, pero la familia tiene la certeza de que fueron asesinados y puede comenzar su duelo”, dice Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien valora el desempeño de la UEIF.

La unidad también lleva los casos criminales más complejos, como el del bebé quemado y asesinado en diciembre de 2012 por Ramón Castillo, más conocido como Antares de la luz, el líder de la secta de Colliguay. Analizaron los restos del poeta Pablo Neruda en abril pasado y en 2011 realizaron la exhumación del ex presidente Salvador Allende.

Es el único equipo forense del país: todos los restos óseos que se encuentran en el territorio nacional son analizados por la UEIF. Otros organismos relacionados con el rubro, como el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) o la Policía de Investigaciones (PDI), no cuentan con un equipo profesional calificado para buscar y analizar restos humanos al nivel de la UEIF. En todos los casos la unidad envía un grupo de tres profesionales a analizar la escena. Excavan, limpian, fotografían. Deben cerciorarse de que ninguna pieza quede atrás.

En las cerca de 50 salidas a terreno que hacen al año determinan si los restos se tratan de un caso criminal reciente, un caso de la dictadura o un hallazgo arqueológico. En el último caso se debe informar al Consejo de a Monumentos Nacionales, institución que decide si exhumar las osamentas, exhibirlas en un museo o volver a enterrarlas y llevar un registro del lugar.

“También puede ser un animal. Perro, vaca o foca, acá llegan cosas muy extrañas”, dice riendo la antropóloga Ximena Leiva. Los 60 ingresos anuales que tiene la unidad corresponden todos a casos criminales o de violación a los derechos humanos. Para realizar su trabajo el Estado le entrega 1.500 millones de pesos al año.

El modelo de financiamiento ha suscitado críticas internacionales: el equipo trabaja para el mismo Estado que hace 40 años violó los derechos humanos de las víctimas que debe analizar. Marisol Intriago, antropóloga y jefa de la unidad, defiende el sistema: “No puedes sacarlo del ámbito del Estado. En otros modelos latinoamericanos, como el argentino, los Estados no han podido garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y la restitución del Estado de derecho, por eso han formado ONG”.

Douglas Ubelaker, miembro de la Asociación Americana de Ciencias Forenses que hace capacitaciones en la UEIF, confía en la calidad del trabajo de la unidad y dice que se encuentra entre las mejores del mundo. “Lo que demuestra que la objetividad se puede mantener si se realizan los procedimientos apropiados”, comenta Ubelaker.

En Chile no existe la especialización forense en ninguna de las profesiones relacionadas con el área, como antropología, arqueología y medicina. En 2007, 18 instituciones de educación superior fueron denunciadas porque no había campo laboral para la carrera que impartían: Criminalística. Fue el último acercamiento de la academia chilena a las ciencias forenses.

Los peritos de la UEIF aprenden los pormenores del trabajo dentro de la unidad gracias a la capacitación encargada a especialistas internacionales y al traspaso de conocimiento entre los mismos profesionales. Solo tres han hecho especializaciones en el extranjero. “Sería mejor que en Chile existiera la formación forense. Pero no como carrera, sino como especialización de una profesión y enseñar en la práctica, con casos”, dice Intriago.

Joyce Stockins comenzó sus estudios de arquoelogía en Chile y los terminó en Estados Unidos, donde también realizó un magister forense. “Me hubiera gustado estudiar en mi país y sin pagar los millones que tuve que pagar. Pero, si se genera una especialización forense, ¿quién la haría?”, dice.

El laboratorio 1 es una pieza fría amoblada por tres camillas metálicas y dos esqueletos humanos de plástico. Hay un olor ácido. Olor a hueso, dicen los peritos. Allí analizan diferentes “protocolos” al día. Cada víctima tiene su protocolo: una identidad provisoria conformada por las iniciales de la región donde se encontraron los restos, la sigla de la unidad donde se almacena, el número de caso del año en que ingresó y el año de ingreso. Ejemplo: RM-UEIF-02-1990.

Al SML no sólo llegan huesos, también llegan cadáveres. Tras la autopsia, los cuerpos se esqueletizan para su análisis óseo en la UEIF: se maceran para soltar la carne y luego el esqueleto se pone a secar sobre una camilla. Los huesos no se degradan si no están en contacto directo con el agua o el sol.

Los restos se guardan en bolsas adentro de cajas de cartón. Hay cajas rectangulares y altas para esqueletos completos, cajas cuadradas especiales para cráneos y cajas más delgadas para la evidencia asociada, como objetos o ropa. Todas tienen una hoja pegada con el protocolo, un resumen de los antecedentes y el estado de conservación: verde si es “bueno”, amarillo si es “regular” y rojo si es “malo”. Cuando se trata de fragmentos óseos mezclados de cadáveres distintos, ingresan con el mismo protocolo y luego los tratan de diferenciar. Hay 800 protocolos en el depósito. Ya no caben más.

Stockins analiza con pinzas un pantalón celeste y un par de calcetines: “Inevitablemente terminamos involucrándonos con los casos. No deberíamos, pero, por ejemplo, yo acá tengo un pantalón. No es elegante, es un pantalón no más. Pero tiene pasos de proyectiles y esta era una persona igual que tú. ¿Realmente era necesario llegar a este extremo de violencia?”.

El año pasado llegaron los cuerpos de tres bebés que fueron encontrados en un tambor. La madre los había matado. Es uno de los casos que más ha marcado a Leiva: “Uno quiere que, por último, existan como un aviso para la sociedad de que hay gente que, por distintas razones, está llegando a esos extremos como matar a sus bebés porque no tiene plata, porque está desesperada. Yo sé que sale en la tele y a los dos días se olvidó, pero en ese momento por lo menos es tema y se conversa”.

Los antropólogos analizan las osamentas, los arqueólogos la evidencia asociada y los odontólogos la dentadura. Para garantizar la calidad del peritaje, cada caso es revisado por dos peritos de manera paralela. Ambos emiten un perfil biológico, que incluye sexo, edad y estatura. Luego los comparan y si coinciden se emite un informe.

A partir de los informes, un médico legista intenta determinar la causa de muerte y la identidad de la víctima. Las maneras de concluir una identificación son: es, posiblemente es, no hay material suficiente y se excluye. “Cuando hablas de porcentajes, estás haciendo supuestos. Aquí no podemos hacer supuestos: es o no es”, explica Edgar Rueda, odontólogo colombiano que participó en el análisis del cuerpo de Salvador Allende.

Rueda está analizando la mandíbula del segundo protocolo que ingresó a la unidad este año. Se trata de un caso de violación a los derechos humanos. La familia de la víctima, un ex diputado, interpuso una querella porque surgieron dudas respecto a su identidad y la causa de muerte. El tribunal la aceptó y pidió una re-exhumación. El odontólogo examina con una linterna el canino superior derecho. La transparencia de la raíz indica que se trata de una persona mayor de 20 años. En la carpeta del caso están los antecedentes y la supuesta identidad, pero no los revisa hasta terminar el peritaje: debe hacer el análisis a ciegas para asegurar la imparcialidad.

Los miembros del equipo coinciden en que su trabajo es muy demandante y que su vida gira en torno a él, pero se sienten gratificados. “Esta gente durante 40 años ha mantenido un proceso que ha dado fruto, hoy tienen los restos de sus familiares, y no son cuerpos completos, pero pueden darles sepultura y mantener viva la memoria de ellos. Sentir que eres parte de eso vale la pena”, dice Joyce Stockins.

Cuando quedan dudas, el informe médico se complementa con la pericia genética que se hace en laboratorios extranjeros a partir de una muestra de los huesos de la víctima. Se compara con la información genética de los posibles familiares, almacenada en un banco de sangre de parientes de detenidos desaparecidos. Si hay una compatibilidad igual o mayor a 99,999%, se considera identificada.

Patio 29: El error que marcó al sistema de identificación

En 1991 se exhumaron 126 cuerpos de 108 tumbas en el patio 29 del Cementerio General. La unidad determinó la identidad de 96 de las víctimas a partir del análisis de huesos y la superposición craneano-facial, una comparación del cráneo con fotografías de la posible víctima. El método no era exacto y se vio entorpecido por la mala calidad de las fotos y el parecido en el perfil biológico: hombres que rondaban los 30 años y el metro 70 de estatura.

En 2001, tras el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, llegó a Chile el análisis genético de osamentas como técnica de identificación y se decidió analizar algunos de los restos del caso. Surgieron dudas respecto a las identidades entregadas y en 2005 el tribunal exigió el análisis genético de todos los restos de Patio 29, incluidos los ya restituidos a los familiares. El resultado, emitido el año 2006, fue que de los 96 casos, 48 eran excluyentes: la identificación que la unidad había hecho de esas personas era errónea.

El escándalo desembocó en la inyección de más recursos para la identificación, se configuró un panel de expertos forenses para asesorar el proceso y se formó un equipo nuevo. Lo bautizaron Programa de Derechos Humanos y en 2010 se institucionalizó como Unidad Especial de Identificación Forense. El panel de expertos sigue asesorando los casos de violaciones a los derechos humanos, los procedimientos cumplen con estándares internacionales y las muestras genéticas se envían a laboratorios acreditados en el extranjero. De Patio 29 aún faltan 72 casos por identificar.

Sobre la autora: Greta di Girolamo es alumna de cuarto año de Periodismo y este reportaje es parte de su trabajo en el curso Taller de Prensa Escrita, dictado por la profesora Jimena Villegas.