Martín Espinoza / Ilustración Mathias Sielfeld
Tres trabajadores se asoman al lecho del río Mapocho desde el puente Pío Nono y dejan caer una carta. Desde abajo la reciben y en ella se lee: “Gracias por luchar por todos los trabajadores de Chile, porque nosotros somos unos cobardes que no nos atrevemos a luchar por nuestros derechos, así que sigan así, con toda la fuerza que tienen”.
La misiva iba dirigida a miembros del Sindicato Interempresas de los supermercados Montserrat y Rendic. La huelga se inició cuando el grupo comenzó a exigir mejoras salariales. Empleados con más de diez años de antigüedad en la empresa no habían dejado de recibir el sueldo mínimo en todo ese periodo. Al fin, la movilización terminó demandando –principalmente– que recontrataran a los 171 empleados que habían sido despedidos durante la huelga.
Como medida de presión, cuando iban 27 días de huelga, tomaron la decisión de ir a acampar a la ribera del Río Mapocho. La empresa no respondía al petitorio y, mientras tanto, eran reemplazados en los supermercados por empleados externos, como lo permite la legislación laboral chilena. En la vereda norte del Río Mapocho, hubo siete carpas en las que alojaron entre diez y veinte personas cada noche. Se trataba de trabajadores sindicalizados que dormían de día y vigilaban de noche. Algunos se turnaban para estar ahí y otros permanecían de punto fijo. En los muros se leían consignas como “Arriba los que luchan” y “Trabajadores unidos, logros compartidos”.
Protestar en el río no era una iniciativa nueva. Desde 2009, la ribera del Mapocho se consolidó como sitio para manifestaciones sociales, cuando miembros de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHa) instalaron un campamento durante 45 días con Roxana Miranda como encargada. Según la excandidata presidencial, ANDHa Chile no actuaba de manera premeditada. Un día de mayo, mientras intentaban tomarse un terreno de la Policía de Investigaciones, fueron desalojados por carabineros y –bajo la espontaneidad que, según ella, les caracteriza– tomaron la determinación de ir a acampar al borde del río. No era fácil sacarlos de ahí, dice.
Los deudores habitacionales que alojaron bajo el puente Pío Nono eran cerca de 80. Aprendieron a vivir ahí. Tenían un equipo de limpieza y otro de alimentación. Durante el día realizaban actividades políticas para mantener los ánimos arriba y “las convicciones firmes”. Fueron, por ejemplo, reiteradas veces a una cuadra de la casa de la entonces presidenta Michelle Bachelet para quemar neumáticos como muestra de su descontento.
Las anécdotas de su estadía se multiplican. Miranda recuerda particularmente la noche en la que tuvieron que socorrer a una persona que era arrastrada por la corriente río abajo. “Nos dimos cuenta de que una persona, que al parecer estaba en estado de ebriedad, se había caído al río y se lo estaba llevando. Nos metimos y lo sacamos. Lo salvamos”, recuerda.
Desde la ocupación de ANDHa ha habido otras cinco manifestaciones en el mismo sitio: De la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) –en 2011 en el contexto de las protestas estudiantiles–, de estudiantes de la Universidad Central –en julio de 2013 por demandas internas–, de trabajadores de Correos de Chile –en agosto de 2013 por mejoras salariales y de condiciones laborales–, y del sindicato de los supermercados Rendic y Montserrat.
El premio nacional de historia Gabriel Salazar ve el tema desde un punto de vista pragmático. Ni carabineros, ni el “zorrillo” ni el “guanaco” tienen acceso al lugar e, independiente de la masividad de los actos, de todas formas llaman la atención, dice. “Para la policía es más complicado bajar ahí y reprimir, tomar presos y subirlos, entonces por esa razón yo creo que se está convirtiendo en un lugar de protesta, porque la Alameda o antiguamente la Plaza de Armas fueron progresivamente dominados por los aparatos de lucha de la policía”, explicó en una entrevista concedida al medio on-line Emol.
La legislación laboral chilena entiende el concepto de huelga como el derecho a paralizar las actividades por parte de los trabajadores. Para los funcionarios públicos está prohibido y las empresas privadas, desde iniciada la huelga, tienen un plazo de 30 días para entablar la negociación colectiva con sus empleados. El paro está fuera de la ley. La negociación colectiva es el proceso reglado en el cual el empleador debe escuchar las demandas de sus trabajadores y ofrecer algo ante ellas. No hay huelga sin negociación, y es ilegal despedir a alguien mientras esta dura.
De acuerdo a los registros de la Dirección Nacional del Trabajo, en 2012 se contabilizaron 10.585 organizaciones sindicales activas que agrupan a 940.603 trabajadores, equivalentes a un 14,6% del total que potencialmente es sindicalizable. Esto es, excluyendo a los empleadores y a los trabajadores del sector público.
Para Gonzalo Durán, economista de la Fundación SOL –centro de estudios e investigación sobre el mundo del trabajo en Chile–, la legislación laboral en Chile tiende a promover la no sindicalización. “Tiene varias cosas absurdas. El hecho de que los trabajadores puedan ser reemplazados mientras dura la huelga y el no poder negociar como gremio, sino solo a nivel de empresa. En Chile también está institucionalizada la práctica de la negociación sin derecho a huelga. Eso es como mendigar”, dice. Los empleados pueden pedirle algo al empleador, pero si no se obtiene una respuesta satisfactoria, no existe una medida de presión real.
Los trabajadores de Correos de Chile estuvieron en huelga durante 35 días. Cuando iban 20, un grupo de jóvenes decidió radicalizar la protesta yéndose a alojar a la ribera. La prensa no los veía y las autoridades no los escuchaban. Realizaban protestas en Plaza Italia para que las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito los capturaran y así pudiesen tener algo de cobertura. Nada rindió frutos.
Cerca de 30 trabajadores instalaron una escalera para bajar y se asentaron en el borde norte del río, al oriente del puente. Dormían en carpas y se alternaban los turnos de vigilancia durante las noches; querían evitar que el ambiente se enturbiara y que confundieran sus fines. Desde arriba les arrojaban monedas, recuerda Flavio Garrido, presidente del sindicato número 1 de Correos.
Comían lo que la gente les regalaba, fideos y arroz mayoritariamente. Tenían encargados de cocina, de guardia y de orden. Se bañaban con bidones de agua cubiertos por lonas. “Desde el momento en que nos instalamos la gente empezó a entender y empezó a colaborar. Recibimos apoyo de los estudiantes. Se ofrecían para trabajar, iban paramédicos, médicos, estudiantes de medicina de la Chile”, dice el dirigente sindical.
Un día, cuenta Garrido, un auto se detuvo en Santa María, el conductor se bajó y les ofreció una bandera chilena que no ocupaba en su casa. Alcanzaba a cubrir la mitad del puente que los albergaba y se transformó en uno de los íconos de la huelga.
La protesta de Montserrat fue más sufrida. Si bien desde el 22 de septiembre –día en el cual se instalaron– no tuvieron que enfrentar lluvias, los resfríos y antibióticos eran algo cotidiano. Javier Miranda, funcionario del supermercado y parte de la huelga, dice que las personas no empatizaron con su causa. “Los automovilistas no están sensibilizados con las huelgas, ¿qué va a saber el dueño un Mercedes lo que es vivir con 180 “lucas” al mes?”, pregunta.
Personas que no han podido cooperar con dinero los han ayudado durante la estadía. Integrantes del Frente de Estudiantes Libertarios o militantes del Partido de Trabajadores Revolucionarios respaldaron sus demandas y pintaron murales. Locatarios de la feria –que funciona cerca– proveían de agua y el dueño de un puesto de sándwiches pasaba casi todas las jornadas a medianoche a regalar panes.
El desayuno y la comida eran financiados con el dinero que recolectaban los funcionarios a las afueras de los supermercados Montserrat, y en la esquina de Santa María con Pío Nono. El almuerzo lo pagaba el sindicato, con la alcancía de la cuota sindical –que no supera los 2 mil pesos mensuales– que debe pagar cada trabajador para pertenecer a este. Más de alguna vez se organizaron almuerzos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, como tallarinatas masivas.
Eran los únicos habitantes del sector, junto con dos perros que los acompañaron durante toda la estadía. Los animales eran de gran utilidad para ahuyentar a los ratones que habitan el lugar.
Durante la noche quitaban la escalera que daba a la calle para evitar conflictos. Vigilando, vieron tráfico de drogas y bandas organizadas de delincuentes que asaltaban a jóvenes las noches de fiesta. Una vez instalaron un karaoke para reunir fondos. Con un parlante del sindicato, un computador y el internet de un teléfono móvil, instalaban el equipo en el borde del río y hacían que las personas cantaran desde el puente.
María Valderrama, secretaria del sindicato de los trabajadores de Montserrat, recuerda el día que un extranjero de origen árabe se dirigió hacia ella y le regaló el collar que llevaba puesto. “Me dijo que con él iba a alejar toda la maldad que viniera, que Dios nos iba a ayudar a salir adelante con todo lo que teníamos que salir”, recuerda.
Una noche en la que la fogata alumbraba la ribera, un joven francés inquietó a quienes acampaban. Había caído desde la avenida Santa María –unos 7 metros de altura– pensando que abajo se celebraba una fiesta. Estaba en evidente estado de ebriedad y no sufrió lesiones. Los hombres del grupo le explicaron la situación y lo ayudaron a subir a la calle.
Según Roxana Miranda, ANDHa Chile logró avances en sus demandas –vinculadas con la condonación de sus deudas habitacionales–pero no cambios sustanciales en su cruzada para que la banca privada “deje de lucrar con los deudores habitacionales”. La negociación de Correos de Chile fue más fructífera: Exigían un bono de término de conflicto de un millón de pesos y un reajuste real de 50 mil pesos en el salario. Lograron lo primero y el reajuste se acordó por 40 mil pesos.
Distinto fue lo que sucedió al sindicato de Montserrat, el que depuso la huelga sin logros concretos. La inspección del trabajo calificó de extemporánea la huelga, por lo que la negociación colectiva no se llevó a cabo. Si bien los trabajadores que habían parado sus faenas fueron reincorporados y se les pagó el sueldo correspondiente a los días de huelga, los que fueron despedidos no vivieron la misma realidad. Los salarios tampoco sufrieron cambio alguno.
Hoy la ribera del Mapocho está vacía, no hay sindicalistas. Solo se ve un sillón rayado, un cartel roto de Michelle Bachelet, una mesa de madera y una escoba. Abajo, en el lugar que se acostumbró al bullicio de los manifestantes, solo se escucha el ruido del caudal.
Sobre el autor: Martín Espinoza C. es alumno de cuarto año de Periodismo y este artículo es parte de su trabajo en el curso Taller de Edición en Prensa Escrita, dictado por el profesor Rodrigo Cea.