Por Yerko Roa / Ilustración Mathias Sielfeld

Si en 2012 se presentaron cuatro, en 2013 –en proporción– se presentaron 26. Así fue el alza en el número de recursos de “apelaciones de protección” relacionados a las isapres el año pasado. El aumento de los precios del plan base –que se realiza todos los años– y el reajuste por la incorporación de 11 nuevas patologías a las Garantías Explícitas de Salud (GES) –que se realiza cada tres años, la última vez fue en julio de 2013–, llevaron a que se presentaran 9.019 apelaciones por recursos de protección relacionadas a estas instituciones: 7.701 más que en 2012, de acuerdo a los datos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

Waldo Albornoz es el dueño del estudio de abogados Ganasalud, que se dedica a interponer recursos de protección contra isapres. Recurren a tribunales porque, según ellos, las isapres violan los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. En los casos de alzas a los planes, el derecho a elegir libremente el sistema de salud al cual los usuarios están adscritos es trasgredido, dice Albornoz, porque las isapres modifican unilateralmente el contrato en un punto tan esencial como el precio.

El alza del plan base se repite cada año una y otra vez, y con los mismos fallos de la Corte Suprema a favor de los usuarios, cuenta Albornoz, por lo tanto las isapres han dejado de recurrir ante el máximo tribunal de justicia del país una vez que han sido derrotadas en las Cortes de Apelaciones. Pero el reajuste por las GES es tema aparte. “Todos esos casos, que fueron recursos de protección en contra del alza del GES, subieron a la Corte Suprema”, explica Albornoz.

Victoria Beaumont destaca dos efectos de la judicialización, el de los usuarios que frenan el alza de su plan y siguen atendiéndose –generando un gasto que pagan los otros cotizantes–, y el que menciona Muñoz: el dinero que se desvía hacia esa industria de abogados que debería estar destinado al sistema de salud.

“Solo se llegó a la apelación de 10 mil, pues la Corte Suprema no concedió la apelación, dando razón a las isapres en el caso del alza GES”, dice Victoria Beaumont, directora de la consultora experta en temas de salud Altura Management. Así, una vez que se dictaron los primeros fallos, los usuarios dejaron de recurrir ante el máximo tribunal por las pocas expectativas de ganar en segunda instancia.

El efecto de esas primeras sentencias se ve reflejado en que en 7.240 causas ingresadas –recurso de apelación a uno de protección– el recurrente fue una isapre, y en 1.779 fue un usuario. Entre estos últimos estuvo Pamela Pradenas, ingeniera comercial y ejecutiva de un banco, quien dice que presentó el año pasado su caso junto a otras seis personas, entre compañeros de trabajo y su marido, por el reajuste debido a las GES.

Pradenas cuenta que ya le habían incrementado a más del doble el precio del plan cuando nació su primera hija, y que no se ha podido cambiar de isapre porque tiene dos enfermedades preexistentes y el antecedente de un tumor que fue extirpado a tiempo, pero que de haberse demorado más podría haber sido maligno. Así que en 2013, cansada de las alzas, decidió recurrir a la justicia. Mandó los papeles necesarios a un abogado y dejó que el trámite siguiera su camino. Al fin, su caso fue rechazado. Nunca supo por qué. Se enteró recién cuando entró a la página del Poder Judicial, donde leyó la sentencia: “Al afiliado le corresponde, por una parte, exigir que el valor fijado por su Isapre (sic) se haya ceñido a los parámetros establecidos por la autoridad y esté basado en un aumento de cobertura”. La Corte Suprema determinó que Banmédica cumplió con esas obligaciones.

Entre abogados e isapres

“En tanto las autoridades competentes no resuelvan el problema, los tribunales seguirán cautelando los derechos de los chilenos”, asegura Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, quien dice que están atentos a la situación. Por eso, hay dos funcionarios encargados de implementar medidas correctivas para acelerar la tramitación de las causas y los ministros de la Tercera Sala –que trata asuntos constitucionales– trabajan fuera de horario para elaborar informes semanales de los ingresos.

Además, mediante un auto acordado –procedimiento jurídico que fija el modo de funcionamiento de los tribunales frente a una situación particular–, se determinó que las tramitaciones de las apelaciones de recursos de protección ante el máximo tribunal se hicieran por vía digital. La Superintendencia de Salud también puede resolver el reajuste de los planes de salud, pero se sigue insistiendo por el mecanismo judicial. “Los tribunales condenan a las isapres al pago de las costas del juicio”, dice el ministro Muñoz, “ingresos económicos con los que se paga a los mismos abogados”.

Victoria Beaumont destaca dos efectos de la judicialización, el de los usuarios que frenan el alza de su plan y siguen atendiéndose –generando un gasto que pagan los otros cotizantes–, y el que menciona Muñoz: el dinero que se desvía hacia esa industria de abogados que debería estar destinado al sistema de salud.

Las apelaciones de recursos de protección relacionadas a las isapres que ingresaron a la Corte Suprema durante el primer semestre de este año fueron 12.815, de acuerdo a los datos de la CAPJ, por lo que se espera que vuelva a subir el total de las causas tramitadas en el máximo tribunal de justicia.

Cristián Reyes es abogado del estudio especializado Detén el Alza. Acusa una “campaña del terror en torno a que la judicialización de las alzas de los planes”. Sabe que se ha dicho que se generaría una serie de problemas como el colapso del sistema judicial y el encarecimiento de los planes de salud, y que en definitiva estarían siendo pagados por los usuarios que no reclaman. Según él, eso es falso. “Porque el porcentaje de afiliados que efectivamente reclama no supera el 7% del universo total de afiliados al sistema, y los montos que se pagan por concepto de costas procesales, que es como se financia el servicio, representan un monto muy menor en relación a las utilidades anuales”, dice Reyes.

De acuerdo a los datos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, CAPJ, en 2013 la cantidad de recursos de protección presentados por cualquier causa fue de 208 mil. Los afiliados a las isapres son 3.000.000 aproximadamente, por lo que quienes reclamaron por el alza de su plan no pueden haber superado el 7% de los cotizantes.

Los casos presentados solo en la Corte de Apelaciones de Santiago durante 2013 –entre alza de planes y alza GES– fueron más de 145 mil, dice Victoria Beaumont. Según la CAPJ subieron 9.019 recursos de protección relacionados a las isapres hasta la Corte Suprema. Pero eso ocurrió con 72.450 fallos de las Cortes de Apelaciones de todo el país, lejos de las 145 mil causas ingresadas en la Corte de Apelaciones de Santiago que menciona Beaumont. Por lo tanto, quedaron muchos casos pendientes para el presente año en las Cortes de Apelaciones, lo que explica que tan solo durante el primer semestre de 2014 estas se pronunciaran sobre 69.616 causas por reajuste de las GES.

Las apelaciones de recursos de protección relacionadas a las isapres que ingresaron a la Corte Suprema durante el primer semestre de este año fueron 12.815, de acuerdo a los datos de la CAPJ, por lo que se espera que vuelva a subir el total de las causas tramitadas en el máximo tribunal de justicia. Waldo Albornoz pronostica que el número de este tipo de recursos decrecerá una vez pasado el efecto del reajuste de las GES de 2013. “Son muy pocos los casos que suben a la Suprema por alza del precio base”, concluye.

Sobre el autor: Yerko Roa es alumno de tercer año de Periodismo y este reportaje es parte de su trabajo en el curso Taller de Prensa Escrita, dictado por el profesor Alfredo Sepúlveda.