Pedro Ramírez

Todo empezó a las 3:17 de la madrugada con una pelea entre dos bandos de reos. Tres minutos bastaron para que el fuego de un lanzallamas artesanal se propagara entre los colchones de las celdas. Eran las 5:43 de la mañana en la cárcel de San Miguel cuando el cuarto piso de la Torre 5 comenzó a arder. En una de las mayores tragedias carcelarias que registra la historia del país, el 8 de diciembre de 2010, 81 reos murieron quemados.

La rabia de un padre

Los familiares interpusieron demandas y el Gobierno hizo promesas para mejorar un sistema penitenciario resquebrajado. José Quezada, padre de Antonio, quien murió esa mañana en la cárcel, recuerda que la primera promesa que el Gobierno les hizo fue a través del entonces Intendente de la Región Metropolitano, Fernando Echeverría. “El Estado pagaría por los funerales y sepulturas de los 81 muertos, pero querían enterrar cuatro cuerpos en cada sepultura. Murieron hacinados, y querían enterrarlos hacinados”, cuenta José Quezada.

Los familiares protestaron, sus hijos, padres o hermanos no serían sepultados en grupo y sólo entonces la Intendencia accedió a financiar tumbas individuales. Antonio Andrés Quezada Venegas fue enterrado con decenas de flores y una bandera de Colo-Colo en un rincón del cementerio Parque del Recuerdo Cordillera de la comuna de Puente Alto.

El compromiso del intendente Fernando Echeverría fue el primero de varios. Otros, por ejemplo, fueron dar asistencia psicológica a los familiares de las 81 víctimas, bajar los niveles de hacinamiento en las cárceles, y mejorar la seguridad de los presos en los penales. Así, cuatro meses después de la tragedia, el 14 de abril de 2010, el Ministerio de Justicia anunció una reforma profunda al sistema penitenciario que terminaría con el hacinamiento y mejoraría la seguridad de los reclusos. Además, el plan comprendía la construcción de cuatro cárceles nuevas, la creación de un sistema de penas alternativas al encierro y congelar el ingreso de reos a la ex Penitenciaria de Santiago.

José Quezada, quien asumió como vocero de las familias de las víctimas el mismo 8 de diciembre de 2010, dice que a pesar de que el Gobierno cumplió con una parte de su compromiso –dando sepulturas individuales–, la ayuda psicológica nunca llegó. “Sólo recibimos un par de horas de atención desde la fiscalía, de Gendarmería nunca hemos recibido nada”, asegura Quezada.

Seguridad para los presos

Otro compromiso fue capacitar al persona de gendarmería, renovar sus equipos y aumentar su dotación de personal en un 50 por ciento, lo que significaba cinco mil efectivos en cinco años. El presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios (ANOP), José Maldonado, cuenta que nada de eso ha pasado y que el hacinamiento no ha disminuido en los penales. “Las condiciones no sólo son peligrosas para los reos, sino que también para los gendarmes”, dice Maldonado.

“Necesitamos recintos con celdas individuales y no grupales. Está comprobado que disminuye la violencia si los reos no están en grupo. Hay que preguntarle al Gobierno dónde están emplazados los terrenos para esos cuatro penales nuevos que prometieron y cuándo comienza la construcción, porque pareciera que fue tan sólo un anuncio”, dice Maldonado. Desde la Unidad de Comunicaciones de Gendarmería se informó que no atendería peticiones de entrevistas para referirse a los dichos del presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios.

Después del incendio se ha habilitado la red seca y húmeda de siete penales, pero cuatro cárceles proyectadas aún están en etapa de diseño según la abogada Ximena Guzmán, de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia. “Albergarán a 8.550 internos y tendrán un centro de recepción y clasificación donde se evaluará a los internos para una adecuada segregación por perfil delictual”, dice Guzmán sobre el plan que también contempla tres centros modelos de educación y trabajo para internos de baja peligrosidad, los que estarán enfocados en actividades que fomenten la reinserción social.

El único recinto creado en estos dos años es el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, diseñado para albergar a 1.429 internos. En su propósito de disminuir el hacinamiento en las cárceles, el Gobierno también ha ampliado las penas alternativas al encierro, medida que según Ximena Guzmán recién podrá evaluarse en 2013, cuando entre en vigencia la ley 20.603 sobre penas restrictivas de libertad.

La nueva normativa incorpora penas de servicios comunitarios y libertad vigilada intensiva, añade el uso de un brazalete distintivo para delitos de carácter sexual y violencia intrafamiliar. También contempla la reclusión parcial, que permitirá cumplir la pena en distintos horarios, para así permitir que los presos tengan un trabajo.

Respecto a los gendarmes, la abogada del Ministerio de Justicia dice que se han modificado sus planes de estudio y las mallas curriculares de su formación. Guzmán destaca que se ha logrado reducir el ausentismo laboral y que se han perfeccionado los sistemas de turno.

Pero para el presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios eso no es suficiente. “No se ha renovado el armamento por lo que el fabricante no garantiza su funcionamiento. Aún tenemos armas del año 88 y tenemos que compartir los chalecos antibala”, reclama José Maldonado.

La madrugada del 8 de diciembre de 2010 las llamas se esparcieron a través de las celdas de la cárcel de San Miguel. Hoy el hacinamiento continúa en la mayoría de los recintos penales del país, los familiares de las víctimas aún reclaman una ayuda sicológica que nunca llegó y la investigación para determinar los responsables de los 81 reos muertos continúa abierta.

Sobre el autor: Pedro Ramírez es alumno de tercer año de Periodismo y este artículo es parte de su trabajo en el curso Taller de Prensa Escrita, dictado por la profesora Paulette Desormeaux.