Texto y fotos por Natalia Correa Vargas

Elena Stephens, miembro de la Junta de Vecinos del barrio Lastarria y vecina del sector desde 1999, apunta con el dedo a un local comercial que se encuentra en la vereda de enfrente, a un costado de la Iglesia de Veracruz. “En cualquier momento le van a pasar un parte”, dice moviendo la cabeza. Una peluquería con sus muros recién pintados de azul turquesa recibe la mirada reprobatoria de la mujer. “El edificio donde se ubica debería ser entero amarillo, pintarlo de otro color es ilegal”, dice Stephens.

El barrio donde vive Stephens es una de las 116 Zonas Típicas y 212 Zonas de Conservación Histórica (ZCH) del país, cuenta con las dos protecciones. Por lo tanto, los vecinos deben seguir las normas establecidas por dos leyes de patrimonio que son complementarias: la Ley de Monumentos y la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El Barrio Yungay fue declarado Zona Típica por la gestión de los vecinos.

Las Zonas Típicas declaradas mediante la Ley de Monumentos están definidas como: “agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, y que destacan por su utilidad estilística, su materialidad o técnicas constructivas”, según se explica en la página web oficial del Consejo de Monumentos Nacionales. Los barrios que poseen estas características se protegen gracias a las solicitudes de los vecinos que son atendidas por la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Urbano.

Esta ley regula los rasgos arquitectónicos exteriores de las edificaciones como las ventanas, puertas y pintura, además fija estándares de conservación para estos elementos, por ejemplo, que las fachadas no tengan rayados.

Los vecinos deben reflejarse y verse identificados con su barrio para que sea declarado Zona Típica.

Las Zonas de Conservación Histórica, título adquirido mediante la Ley General de Urbanismo y Construcciones, poseen una valoración de tipo local. Dan cuenta de la identidad de la comunidad. Los vecinos deben sentirse reflejados en las características de los lugares donde residen, lo que no necesariamente debe traducirse en un interés nacional por la zona en cuestión. Las regulaciones a cargo de la Ley de Urbanismo determinan la cantidad de personas que viven en las edificaciones del área protegida, estableciendo parámetros para el número de habitantes permitidos por hectárea.

Para realizar cualquier cambio o renovación los propietarios de locales comerciales o de residencias particulares deben enviar cartas formales a la institución correspondiente: si es ZCH a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo (Seremi), y si es Zona Típica al Consejo Nacional de Monumentos (CNM). Los vecinos de Lastarria deben realizar ambos trámites, los que demoran alrededor de un mes cada uno. Stephens dice que, incluso, cuando se quiere arreglar la fachada y pintar del color que determinaron las autoridades, hay que pedir permiso. 

Razones para ser patrimonio

El barrio Yungay fue declarado Zona Típica en 2009, una de las más extensas de Chile con 167 hectáreas protegidas, debido a la gestión de los vecinos que lograron reunir 2.277 firmas y 68 cartas de apoyo, de las cuales 794 son firmas de propietarios y 302 corresponden a personas que viven en el área.

La motivación, según el presidente de la junta de vecinos del barrio, José Osorio, era detener a las inmobiliarias que destruían edificios de más de cien años. Para él, es necesario proteger el patrimonio a través de las instancias que existen. “La institucionalidad es lenta y debemos generar políticas públicas para que los trámites sean realizados con rapidez y facilidad, pero debemos hacer algo o nuestros barrios serán arrasados”, explica.

La motivación de los vecinos para convertir el Barrio Yungay en Zona Típica era frenar el avance de las inombiliarias.

La junta de vecinos que Osorio preside ha estado defendiendo el barrio por diez años, impulsando campañas a través de los medios de comunicación y redes sociales para proteger áreas de importancia histórica de todo el país.

Barrio Matta Sur, a través de su cuenta de Facebook Patrimonio Matta, también promueve la importancia de conservar edificios y áreas culturales. El presidente del comité de defensa del barrio, Vladimir Huichacura, dice que es un tema importante de identidad territorial. “Cuando la gente se identifica y valora su espacio lo cuida y lo protege, lo que significa menos delincuencia y abandono”, asegura Huichacura.

Primer problema: restricciones

En la calle donde vive Claudia Cervantes en el barrio Beauchef –declarado Zona Típica en 2007–, no hay basura y todas las casas pareadas, construidas alrededor de 1927, parecen estar recién pintadas, cada una del color asignado por los inspectores del Consejo de Monumentos Nacionales, que debe ser mantenido por los vecinos, asumiendo el costo de la pintura y la mano de obra, que alcanza los $700 mil pesos.

Los vecinos son responsables de la conservación de sus fachadas y tienen restricciones para hacer arreglos básicos al interior de sus viviendas.

La de Cervantes es blanca con rejas negras. Ella es una de los 74 propietarios que no quieren que sus hogares pasen a ser Inmuebles de Conservación Histórica (ICH), un tipo de protección que determina la Seremi para normar la conservación del interior de cada vivienda y que se aplicará a 186 edificios, según la nueva modificación al Plan Regulador Comunal, que vela por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La fiscalización está a cargo de la Seremi, institución que envía revisores a las casas para comprobar el cumplimiento de la normativa.

Este tipo de protección implica que cualquier cambio estructural interno que se quiera realizar en las viviendas como ampliaciones, remodelaciones o cambio de cañerías, deberá ser consultado a la Seremi o a las municipalidades, mediante una petición formal. El costo de las refacciones es asumido por los residentes. “Nuestras casas necesitan ser mantenidas constantemente. Si nos declaran ICH no podríamos hacer nada”, dice. Hasta ahora en el país hay un total de 3.320 ICH.

Desde que el barrio Beauchef fue declarado Zona Típica a Cervantes no la han autorizado a realizar reparaciones en su hogar, ya que estaría interviniendo un espacio protegido por su importancia cultural e histórica y cuando quiso pintarla el permiso tardó tres meses. “Gracias al terremoto del año 2010 pudimos arreglar el techo, si no hubiera sido imposible”, explica.

Los 74 propietarios pusieron reclamos en la Seremi para detener el proceso legal. “No es que estemos en contra del patrimonio, pero es muy limitante. Se nos va a hacer más difícil vender y no nos dan subsidios ni nada a cambio”, dice Cervantes. La respuesta final la recibieron la primera semana de mayo en una audiencia vecinal, instancia en la que se aceptó la petición de los residentes de no declarar sus viviendas como ICH.

Segundo problema: presupuesto

Los incentivos económicos que están a disposición de los vecinos para reparar sus casas son de díficil postulación.

Luis Rojas, arquitecto y Magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad de Chile, asegura que además de las restricciones hay otro problema, que pasa por el dinero: no le están dando incentivos apropiados a los dueños de las viviendas. Ninguna de las dos leyes establece un presupuesto para hacerse cargo de estos sectores ni de las personas que los habitan. “Existen fondos a los que los vecinos pueden postular, pero son muy complicados. Por ejemplo, está el Fondart –Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes–, pero es imposible ganarlo sin tener el grado de magíster”, dice Rojas.

Frente a estas críticas, Pamela Silva de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales dice que, a pesar de que las leyes no fijan beneficios ni incentivos, sí hay instancias para que los dueños obtengan recursos monetarios, como la Ley de Donaciones Culturales y concursos municipales. Pero el arquitecto dice que no es suficiente y plantea tomar medidas para mejorar la situación actual del conflicto.

Una manera de hacerlo, según él, es generar más fondos, sacarle todas las trabas a las postulaciones y dar herramientas a las juntas vecinales para que sepan cómo acceder a ellos. “Hacer más simples los formularios es posible si es que hay disposición de parte de las dos instituciones en cuestión, el Consejo de Monumentos y la Seremi. Las asesorías a los residentes de los barrios deberían estar a cargo de las municipalidades, pero eso también requiere de presupuesto, haciéndolo más difícil”, dice el arquitecto.

La preparación de los vecinos fue clave para que Yungay fuese nombrado Zona Típica.

Rojas explica que en el barrio Yungay hay vecinos que cuentan con la preparación adecuada para realizar una buena postulación a las instancias que asignan recursos monetarios, como el presidente de la junta vecinal, José Osorio, ingeniero civil de la Universidad de Chile. Este es en gran parte, el motivo del éxito de Yungay, los residentes lograron que fuera declarado Zona Típica a pesar de exceder las hectáreas permitidas según la Ley de Monumentos.

Mientras que otros barrios con vecinos de escasos recursos como San Eugenio, no han logrado obtener apoyo financiero para mantener las fachadas de sus hogares. “La gente de ahí es humilde, la mayoría son trabajadores obreros que no han sabido realizar todos los trámites”, plantea Rojas.

Diferencias entre los vecinos

Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, está en contra de la posición de los vecinos de Beauchef de rehusarse a que sus casas pasen a ser ICH. “El barrio de Cervantes está en un sector privilegiado, en el ojo de las inmobiliarias, donde ya hay proyectos de construcción de nuevos edificios. Al declararse ICH se tiene una protección más efectiva”, asegura.

El Barrio Yungay excede las hectáreas planteadas por la ley de monumentos a pesar de ser declarado zona típica.

Carvajal, dueña de una residencia de 100 años en Yungay, dice que es necesario conservar la vida de barrio, pero está de acuerdo en que hay deficiencias que afectan a los vecinos que no cuentan con presupuesto disponible para mantener sus hogares y que arriesgan multas si la fachada de sus casas se encuentra en mal estado. “Hay programas que financian una parte del trabajo de pintado, pero la ejecución ha sido mediocre”, explica Carvajal y agrega: “los recursos deben ir a las urgencias de cada sector y no a lo que impone el Ministerio de Vivienda”.

Elena Stephens, vecina de Lastarria plantea que se debe ordenar la institucionalidad. “Aclarar quiénes son los que deberían entregar presupuesto, si es la municipalidad, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o el Consejo de Monumentos”, dice ella. Una vez que se establezcan las obligaciones de cada organismo, se podrían crear fondos monetarios para los vecinos de barrios patrimoniales, un monto que dependa de las condiciones en que se encuentra el inmueble y que sea adecuado para su mantención.

Además, asegura que hay conversaciones desde la junta de vecinos de su barrio con las autoridades para hacer más expeditos los permisos para las remodelaciones, como pintar las fachadas. “Pero hasta el momento sólo hay proyectos, nada concreto para solucionar nuestros problemas”, aclara Stephens.

Sobre la autora: Natalia Correa Vargas es alumna de tercer año de Periodismo y este reportaje es parte de su trabajo en el curso Taller de Prensa, impartido por el Profesor Juan José Lagorio.