Sol Park

Luego de una campaña de información masiva en 2013, el Consejo para la Transparencia (CPLT) recibe hoy –en promedio– 8 reclamos y peticiones cada día. Sentado en el sofá de su oficina en la calle Morandé del centro de Santiago, el abogado Jorge Jaraquemada, presidente del CPLT –quien también es director de la Fundación Jaime Guzmán– admite que aún falta mucho por hacer en materia de transparencia en Chile.

—Según un informe del CPLT, el 53,8% de las empresas públicas, como TVN y la Empresa Portuaria Chacabuco, no son transparentes respecto a las remuneraciones de sus empleados, mientras que en el Gobierno central, la cifra es de 96%. ¿A qué se debe esta diferencia?
—Es la primera vez que hacemos esa medición. Y ha sido un tema de larga data, porque hubo empresas públicas, como Televisión Nacional. por ejemplo, que se resistían mucho entregar esta información porque consideraba que afectaba sus condiciones en el mercado.

—¿Qué medidas adoptó el Consejo a raíz de esos datos?
—Hacemos un informe detallado de todo lo que falta para llegar al óptimo. Estamos realizando un proceso de fiscalización a todos estos grupos ligados a la Ley de Transparencia de manera periódica, por lo tanto, tendríamos que esperar el próximo período de fiscalización para tener un estándar de comparación y poder señalar si sus estándares cambiaron antes de tomar medidas más disciplinarias.

—¿Qué medidas que puede tomar el CPLT?
—El Concejo sanciona solamente después de realizar un sumario que se introduce cuando se considera que hay una infracción grave. Se puede multar de 20% a 50% del salario mensual de la autoridad. Pero el Concejo nunca ha sancionado por un caso puntual. Imagina, hay un 53% de municipalidades que no cumplen con los estándares de transparencia. ¿Tengo que sancionar a las 300 municipalidades que no cumplen con los estándares? Es una cuestión prudencial. Hubo 88 municipios que incumplían gravemente, se instruyó un sumario en el cual las municipalidades podían alegar, defenderse. Ni siquiera se sancionó.

—¿Dónde se concentra la corrupción en Chile?
—Cumplir o no cumplir con la Ley de Transparencia no necesariamente implica tener mayores o menores niveles de corrupción. Pero los menos transparentes son claramente los municipios, cuyo porcentaje global de transparencia fue de un 47%. Las corporaciones municipales son aún menos transparentes. Algunas de ellas manejan más presupuesto fiscal, tienen más personal dependiente que los municipios y manejan temas extremadamente importantes, salud y educación.

—¿Es por esto que Chile ha descendido al segundo lugar en el ranking de corrupción de América Latina?
—Es probable. Ahora, más que fijarme en que Chile está primero o segundo en América Latina, lo que me parece preocupante es que en los últimos diez años, Chile aparece más o menos en el mismo lugar y la Ley de Transparencia entró en vigencia hace cinco años. Nos falta dar un paso para que la ley sea efectiva en anular estas conductas corruptas.

—¿Cuál sería ese paso?
—La Ley tiene una dimensión bastante más ciudadana. Cuando la gente perciba que el derecho de acceso a la información permite mejorar su vida, cada uno se va a transformar en un activo agente de control, haciendo retroceder los niveles de corrupción. Yo creo que el tema va por ahí: potenciar el posicionamiento de la Ley.

—A comienzos año se dio a conocer que el período del contrato del exalcalde de Santiago, el UDI Pablo Zalaquett, como asesor comunicacional de Ministerio de Salud se publicó erróneamente en el sitio web del CPLT. ¿Cómo evalúa en este caso la aplicación de la Ley de Transparencia?
—Evaluar el mérito por la cual se contrata, no es el deber del consejo. Pero la verdad es que nuestras autoridades no se han dado cuenta de la tremenda riqueza que tiene la Ley para ejercer un control respecto al ejercicio de las potestades públicas. Tú me dices ese ejemplo, pero claro, es un ejemplo. Se debiera esperar que los parlamentarios fueran muchísimos más activos en utilizar la ley.

—Con uno de los últimos decretos del mando del expresidente Sebastián Piñera, los e-mails de los funcionarios se pueden borrar. ¿Cree que esto se debe a las confrontaciones con el CPLT en el pasado, cuando se obligó a la Fundación Integra y a la Subsecretaría del Interior a revelar sus correos electrónicos?
—Puede ser que le preguntes a la persona menos indicada, porque yo fui el autor del voto disidente de los otros tres consejeros y el tribunal constitucional acogió mi opinión. Ahora, todos los consejeros hemos tenido votos que han sido favorables a la posición del Estado, y en otros casos no. Nosotros tuvimos una discusión que fue relevante, pero siempre en un ámbito jurídico, nunca en el impacto político que podría tener nuestra decisión.

—¿Qué significa el caso de los e-mails para el CPLT?
—A mí me parece una señal muy inoportuna del Gobierno saliente. La discusión que ese decreto generó no tiene que ver con que si cierto soporte electrónico es privado o es público. Para que el principio de transparencia se haga cargo al acceso de información tiene que haber cierta disponibilidad de esta información. Y lo que hace ese decreto, erróneamente a mi juicio, es impedir esa disponibilidad.

—En el caso de las universidades privadas que reciben presupuesto estatal, ¿no sería útil fiscalizarlas también?
—Eso depende. Ahí lo que hay no es el concepto de utilidad pública, sino un concepto de traspaso de recursos públicos y ese es otro criterio que ha estado en discusión. Creo que allí donde haya recepción de dinero fiscal, debe haber mayor transparencia.

—¿Para eso debe haber cambios en la Ley de Transparencia?
—Yo creo que sí. La Ley no nos habilita para entrometernos en cómo las entidades privadas están utilizando las trasferencias fiscales. Debe haber mayor transparencia para posibilitar un control de los dineros que, transferido con objetos claros y precisos, sean invertidos en esos objetos claros y precisos.

—¿Cuál es su evaluación del CPLT a cinco años de fundación?
—El Consejo ya terminó su proceso de instalación. Tuvo que partir de la nada porque era el guardián de una política pública que implica un cambio cultural de largo aliento. Ahora está en la etapa de consolidación. Hay muchos desafíos que se planteó y se cumplieron. Tal vez lo más importante es saber dónde nuestra jurisprudencia ha tenido más impacto. De hecho, en enero nos invitó el senado español a exponer sobre las buenas prácticas chilenas. Es muy gratificante que un país europeo te pida eso.

—¿Qué está preparando para el futuro el CPLT?
—La implementación de sistemas alternativos de resolución de controversia que no necesariamente implique un proceso jurisdiccional. Por ejemplo, el proceso de mediación. Acerca posiciones entre el órgano y el ciudadano de forma tal que los tiempos de respuesta sean los mínimos. Si logramos implementarla, seremos los primeros en América Latina con esta medida.

Sobre la autora: Sol Park es alumna de tercer año de Periodismo y este reportaje es parte de su trabajo en el curso Taller de Prensa Escrita, dictado por la profesora Jimena Villegas. El artículo fue editado por Rosario Góngora, alumna de quinto año de periodismo, como parte de su trabajo en el curso Taller de Edición en Prensa Escrita, dictado por el profesor Rodrigo Cea.