Kilómetro Cero

Por Daniela Pradel y Konrad Staehelin/Infografía: Nicolás Riquelme y Enrique Núñez M.

El sistema de Alta Dirección Pública (ADP) está al borde del fracaso. Un 85% de los funcionarios de primer nivel jerárquico que fue seleccionado a través de este sistema, no continuó en el cargo con el arribo de Michelle Bachelet a la Presidencia en 2014. De ellos, un 97% había asumido sus funciones bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Esto se contradice con el propósito del sistema —regulado por la Ley N° 19.882— que busca dejar de lado la influencia política a la hora de la elección y la rotación de estos cargos.

Christian Hansen, subdirector del sistema ADP, confirmó para esta investigación que: “la principal razón de rotación hoy en día es por temas políticos y cambios de administración gubernamental”. En esta misma línea manifestó: “con la administración de Piñera vino el primer gran cambio. El segundo gran cambio es este (con Michelle Bachelet). Mi apuesta es que este sistema no resiste un tercer cambio (de gobierno). Simplemente no lo resiste.”

El Estado de Chile invierte aproximadamente $2.420 millones en la selección de estos 110 altos funcionarios públicos (véase archivo 1). A este gasto se debe sumar las indemnizaciones que se pagan cuando los funcionarios cursan renuncias “no voluntarias”. Para esta investigación periodística se obtuvo –a través de solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia– una muestra de 27 resoluciones de indemnización por renuncias no voluntarias presentadas por funcionarios de primer nivel jerárquico que ejercieron sus cargos entre 2010 y 2014. El promedio de estas 27 indemnizaciones arrojó un monto de $13 millones para cada caso (véase archivos de indemnización). El Estado paga estas indemnizaciones a los trabajadores a los que se les pide la renuncia antes de lo que estipulaba su contrato. Esto, debido a que a diferencia del resto de los empleados públicos, que no tienen derecho a indemnización, las personas que son elegidas mediante el sistema ADP son compensadas por cada año de servicio que cumplieron.

85% de los funcionarios de primer nivel jerárquico que fue seleccionado a través de la Alta Dirección Pública, no continuó en el cargo con el arribo de Michelle Bachelet a la Presidencia en 2014. De ellos, un 97% había asumido sus funciones bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si se hace la suma de los montos de las indemnizaciones pagadas en 2014 a las que esta investigación tuvo acceso por transparencia —27 casos—, el Estado invirtió cerca de $369 millones sólo por concepto de compensar a estos funcionarios debido a que se les pidió la renuncia antes de cumplir su periodo de contrato.

Dentro del sistema de Alta Dirección Pública existen dos tipos de funcionarios: de primer y segundo nivel jerárquico. Los del primer nivel corresponden a aquellos que pueden ser desvinculados de su cargo por razones de confianza, ya que es el Presidente de la República quien los designa. Esta atribución es, justamente, lo que ampara las desvinculaciones por razones políticas. El segundo nivel corresponde a aquellos cargos que son nombrados por un jefe de servicio del área donde el empleado ejercerá funciones y sus responsabilidades son más de gestión que políticas.

Además, el sistema también diferencia entre cargos adscritos y no adscritos al gobierno. Los adscritos son aquellos pertenecientes a servicios públicos del gobierno central, mientras que los no adscritos corresponden a otras entidades donde los contratados no tienen las mismas condiciones de desempeño, como, por ejemplo, criterio de exclusiva confianza de la autoridad para su remoción, tres años de duración en el cargo, entre otras.

Para esta investigación se analizaron—gracias a datos obtenidos de Gobierno Transparente, entrevistas y solicitudes de acceso a la información—las desvinculaciones ocurridas dentro de la nómina de los 110 funcionarios de primer nivel jerárquico adscritos al gobierno que ocuparon los cargos entre 2010 y 2014. Además, mediante la revisión de redes sociales, entrevistas personales, análisis de prensa y otras fuentes públicas, se investigó la afinidad política de estos funcionarios que dejaron sus cargos al inicio del segundo gobierno de Michelle Bachelet. De los 53 casos para los cuales se encontró información al respecto, 46 mostraban indicios de simpatías personales con la derecha.

En el rastreo de las redes sociales surgieron casos como el de Javier Tapia Kehsler, quien entre 2013 y 2014 ocupó el cargo de director del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en la Región de Los Lagos. Kehsler publicó en su cuenta de Twitter el 12 de mayo recién pasado: “Oposición Chile (@NOa_Bachelet): ‘El que existan asesores como Erika Silva en el gobierno explica la tremenda inoperancia de este gobierno‘” (véase twitter.com/jtapiak).

Dentro del sistema de Alta Dirección Pública existen dos tipos de funcionarios: de primer y segundo nivel jerárquico. Los del primer nivel corresponden a aquellos que pueden ser desvinculados de su cargo por razones de confianza, ya que es el Presidente de la República quien los designa. Esta atribución es, justamente, lo que ampara las desvinculaciones por razones políticas.

Otros casos surgen de la revisión de información publicada en internet. Entre estos figura el de María Francisca Correa Escobar, quien fue vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles entre 2011 y 2014. De acuerdo con el perfil que publicó en Linkedin e información difundida en prensa, ella fue militante de la UDI hasta 2013 y en abril de 2014 asumió la presidencia de Evopoli, cargo que ocupó hasta marzo de 2015 (véase noticia de La Tercera y Linkedin de María Francisca Correa).

Un tercer ejemplo es el de Juan José Ossa Santa Cruz, director nacional del Servicio Nacional del Consumidor entre 2013 y 2014. Ossa es un reconocido miembro de Renovación Nacional (RN), cuya militancia fue informada explícitamente por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira (UDI), cuando lo nombró en el cargo (véase noticia de La Segunda sobre el nombramiento).

Al igual que los casos recién expuestos, hay otros 43 ex funcionarios públicos que fueron seleccionados por el sistema ADP, y que dejaron sus cargos antes de cumplir su periodo de contrato, para los que esta investigación pudo comprobar que manifiestan una tendencia política de afinidad con la derecha. Todos ellos ocuparon altos cargos públicos durante la administración de Sebastián Piñera y, posteriormente, no continuaron ejerciendo sus labores bajo la gestión de Bachelet. La influencia de las afinidades políticas de los seleccionados por el sistema ADP salta a la luz con el ejercicio expuesto anteriormente y la posibilidad de realizar despidos por razones de confianza deja la puerta abierta para que se continúe removiendo funcionarios por razones políticas.

Principales razones de la desvinculación

Otro antecedente relevante para establecer que hay motivaciones políticas en las desvinculaciones se expone en el Reporte Estadístico Bimestral Alta Dirección Pública Enero – Febrero 2015. En este, los porcentajes de desvinculación no voluntaria de los cargos adscritos de primer nivel jerárquico, muestran una tendencia a aumentar durante los años en que hay un cambio de gobierno. Por ejemplo, en 2007 —período en que no cambió la administración— el porcentaje de desvinculaciones no voluntarias correspondió a un 3%. Por el contrario, el año 2010 y 2014 —donde sí hubo cambio de gobierno— este porcentaje llegó al 63% (véase la página 78 del Reporte trimestral ADP).

Lo anterior deja en evidencia que sí existe un vínculo directo entre quienes dejan sus cargos y la tendencia política del nuevo gobierno que asume. Un ejemplo de esto es el caso de Harry William Lagunas Gornall, director regional del Serviu de la Región de Atacama entre 2012 y 2014, a quien se le solicitó su renuncia el 1 de abril de 2014 por razones de confianza. Él señaló en una entrevista para esta investigación: “Es indudable que el despido va de la mano con el cumplimiento de nombrar al nuevo directivo y la promesa de lograr conseguir determinadas cuotas para algún partido de la administración entrante”.

Otro ejemplo es el de Jorge Daccarett Bahna, Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2011 y 2014, a quien se le solicitó su renuncia el 30 de mayo de 2014. En su caso, manifiesta que decidió desempeñarse como funcionario público porque quería trabajar junto al ex presidente Sebastián Piñera, con quien comparte tendencia política. Además, menciona que cuando se le solicitó la renuncia, el gobierno entrante ya tenía listo a su reemplazante, independiente del concurso: “La persona que nombraron tenía una extensa carrera política y venía sin trabajo desde hace tiempo. No se demoraron ni un mes en traerlo. Es claro que ya estaba conversado de antes”. “Si el gobierno entrante tiene una agenda política marcada, el sistema no tiene por donde funcionar. Si uno es un profesional que no tiene una carrera política detrás, lo pasa súper mal”, según Daccarett.

La contradicción en la evaluación de desempeño

Dentro del sistema de Alta Dirección Pública también existe lo que se conoce como convenios de desempeño, que: “cumplen con la doble función de orientar y evaluar el desempeño de los funcionarios” (véase Sitio oficial del Servicio Civil). La idea de estos documentos es que permiten a la autoridad fiscalizar que efectivamente el trabajador público esté realizando adecuadamente su labor y, así, se facilita a su jefatura la evaluación de una posible prolongación contractual, dependiendo de si cumplió o no las metas consignadas en su convenio de desempeño. Además, a través de los convenios, la autoridad puede asignarle bonos si realiza un adecuado cumplimiento de metas.

Pese a una buena evaluación, el funcionario igual puede ser separado de su cargo si no simpatiza políticamente con el gobierno entrante.

El problema con esta evaluación es que uno de los principales objetivos que se propuso en su origen, no se está cumpliendo. Tal como lo manifestó el subdirector del sistema ADP, Christian Hansen: “en términos de estabilidad, hoy a una persona que cumple el 100% su convenio de desempeño no le sirve de nada. Es como una figura literaria”. Lo anterior deja en evidencia que pese a una buena evaluación, el funcionario igual puede ser separado de su cargo si no simpatiza políticamente con el gobierno entrante.

Esta situación se reafirma con lo ocurrido a Harry William Lagunas Gornall, ex funcionario seleccionado por la ADP, quien manifiesta: “No importaron los resultados del convenio a la hora del despido, pues en mi caso el cargo es de confianza del Presidente y no depende de los resultados”. El escenario se reitera para Jorge Daccarett Bahna, quien también sostiene que: “las evaluaciones no sirven de nada. En mi situación es evidente que hubo manejo político y que las competencias técnicas no primaron”. Todo esto deja en evidencia cómo se relega a un segundo plano las capacidades profesionales y lo mucho que importa que quien esté en el cargo sea simpatizante del gobierno de turno.

Cuánto le cuestan al Estado estos despidos

Uno de los puntos más críticos de este sistema se relaciona con los recursos que en él se invierten. Tal como se mencionó, este sistema es financiado a través de los impuestos de todos los chilenos y actualmente el Estado invierte cerca de $22 millones en la selección de cada funcionario público de primer nivel a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Así se desprende de la información que esta investigación obtuvo a través de una solicitud de transparencia (véase archivo 1).

Para los 27 casos de indemnizaciones analizados en esta investigación —los que pudieron ser obtenidos mediante solicitud de transparencia— se calculó un total promedio de alrededor de $369 millones que deben ser pagados a cada funcionario por año de servicio.

Un poco más de $10 mil millones es lo que La Ley de Presupuestos 2015 contempla para el Servicio Civil, entidad responsable del Sistema de Alta Dirección Pública (véase www.dipres.gob.cl). De este total, $2.420 millones se invierten en la selección de los 110 funcionarios de primer nivel jerárquico. Además, los sueldos que reciben los seis funcionarios que componen el Consejo de Alta Dirección Pública que trabajan en el proceso de reclutamiento, llegan a sumar un total de $38 millones mensuales, donde la renta bruta de quien preside este consejo supera los $8 millones al mes.

Junto con esto, el Estado debe pagar las indemnizaciones de todos aquellos funcionarios a los que se les pidió la renuncia antes de lo que estipulaba su contrato. Para los 27 casos de indemnizaciones analizados en esta investigación —los que pudieron ser obtenidos mediante solicitud de transparencia— se calculó un total promedio de alrededor de $369 millones que deben ser pagados a cada funcionario por año de servicio.

María Angélica Silva Duarte, directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente entre 2010 y 2014 —uno de los casos considerados en esta investigación— fue indemnizada con un total de $20 millones el 19 de marzo de 2014, luego de que se le solicitara su renuncia, justamente un par de días después de que asumiera Michelle Bachelet (véase archivo indemnización 4). Otro ejemplo es Ricardo Tejada Curti, director nacional de Obras Portuarias entre 2010 y 2014. Él fue indemnizado con $17 millones tras su renuncia no voluntaria materializada el 16 de abril de 2014 (véase archivo indemnización 8 ). Un tercer ejemplo es el de Juan Manuel Contreras Sepúlveda, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía entre 2010 y 2014, quien fue indemnizado con un total de $22 millones, luego de que se le solicitara su renuncia el 13 de marzo de 2014, sólo dos días después de la llegada de la administración Bachelet (véase archivo indemnización 7).

Si se hace el cálculo del total de gastos involucrados en la selección de los 110 funcionarios del primer nivel jerárquico y se le suman las 27 indemnizaciones que pudo acreditar esta investigación, el Estado invirtió cerca de $2.789 millones en todo lo relacionado con la contratación y despidos de personas que, en su mayoría, finalmente igual fueron desvinculadas por razones políticas. Una parte importante de los recursos que se invierten en indemnizaciones y en la continua selección de nuevos funcionarios, debido a la alta rotación que existe hoy en el sistema, podrían ahorrarse si la influencia política no primara.

La deficiencia con que en la actualidad se está llevando a cabo este proceso de selección queda demostrada cuando el subdirector a cargo del sistema de Alta Dirección Pública, Christian Hansen, sostiene: “Tiene que haber una cierta renuncia del sistema político a ocupar la administración como botín o cuoteo. Tenemos que encontrar algún momento en que digamos que es posible en Chile implementar una política pública más allá del gobierno que la desarrolle. No creo que en el ADN de nuestro país no sea posible hacer políticas públicas transversales. Pero necesitamos tener capacidad y voluntad política para poder hacerlo”.

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Sobre los autores: Daniela Pradel es alumna de último año de Periodismo y Konrad Staehelin es alumno de intercambio del programa Magíster Erasmus Mundus en Periodismo, Medios y Globalización. Este reportaje de investigación es su trabajo final del curso Taller de Periodismo Avanzado, impartido por el profesor Pedro Ramírez.