Ignacio de la Maza

El 23 de enero de 2012 el presidente Sebastián Piñera promulgó, con la intención de “perfeccionar y rejuvenecer” la democracia, la Ley N° 20.568, que incluye permite sufragar en cualquier elección sin penalización por abstenerse a todos los ciudadanos no inscritos en los registros electorales. En esa ocasión, el mandatario realizó un especial llamado a los jóvenes de aprovechar su lugar en este nuevo padrón, uno que acaba de crecer en más de un 50% y que genera un panorama incierto de participación política, de cara a las próximas elecciones municipales el 28 de octubre.

Entre el 1 de abril y el 1 de mayo pasado, el Servicio Electoral (Servel) notificó a los 4,5 millones de nuevos inscritos por medio de cartas, formato exigido por la ley. En el documento se les indicó la comuna y mesa en la que podrán votar, según el último domicilio que hayan constatado en el Registro Civil mediante algún trámite. Por ejemplo, si una persona realizó sus últimos papeles en Talca, pero actualmente vive en Santiago, su mesa de votación se encontrará en la VII Región. En el caso de presentarse un error de domicilio, el recién inscrito tendrá plazo hasta el 30 de junio para constatar el cambio a su residencia actual.

Estos nuevos inscritos deberán votar en las mesas de su comuna que cuenten con espacios libres. Una vez que se completen esas mesas, cuyo tope es de 350 electores, se procederá a abrir más, lo qué será frecuente en comunas cuya masa electoral podría subir hasta en un 100% como Las Condes, Santiago y Maipú, según cifras del Servel.

El 28 de septiembre estará listo el nuevo padrón registrado por el Servel, que abarcará a todos los ciudadanos que podrán acercarse a votar en las elecciones municipales de octubre.

Con la presa en la mira

Para el plebiscito de 1988, el 89% de la población en edad de votar, equivalente aproximadamente a 8 millones de personas, se encontraban inscritas en el registro electoral. Para las últimas elecciones presidenciales en el año 2008, esta cifra era de un 69,2%, con cerca de 12 millones de chilenos con la facultad de sufragar. La participación bajó particularmente en los ciudadanos entre 18 y 30 años: en 1988 constituían un tercio de los 7,4 millones inscritos para votar. Los de 20 años correspondían sólo al 18,6% de los 8 millones de registrados.

Las elecciones municipales del 28 octubre será la primera instancia en la que se verán los efectos que tendrá el voto voluntario, por lo que algunas figuras políticas ya se preparan para este nuevo escenario.

“Se rompe con una lógica de las municipalidades de generar propuestas sólo para los que votan. Ahora eso se va a ver anacrónico, y los candidatos van a tener que hablarle a toda su comunidad”, asegura el ex-presidente de la Feusach 2011 y actual candidato del Partido Comunista para alcalde de Estación Central, Camilo Ballesteros (24).

Él una de las cartas más jóvenes que competirá en octubre y cree que la ley forzará de manera positiva a los candidatos a dirigirse a un padrón más inclusivo, pero que será necesario que los mismos votantes se preocupen de mantener legítimo el sistema si quieren cambios políticos. “Por un lado los candidatos tenemos que motivar el voto, pero también implica un proceso de maduración con respecto a lo que significa ser ciudadano: que la gente se haga responsable de las decisiones que se toman”, dice el candidato.

Pese al cambio sustancial que genera en el padrón, la inscripción automática y voto voluntario no ha aumentado el número de votantes en otros países. Según datos del International Institute for Democracy and Electoral Assistance, el promedio de participación electoral en naciones de Latinoamérica con voto obligatorio es de 72,4% mientras que en naciones con voto voluntario la cifra baja a 60,6%.

Álvaro Pillado (25), presidente de la Juventud UDI, recalca que será tarea del mundo político velar porque la participación no decaiga y si la meta es que el voto voluntario produzca más sufragios, no basta con la reforma. “Se corre el riesgo de que se produzca el efecto contrario al deseado y tengamos menos participación. Es responsabilidad de cada uno asegurarse de que la gente se anime a votar”, comenta Pillado.

Para el presidente de la Juventud del Partido Socialista, Cesar Valenzuela (23), el desafío no es que la gente que ya vota siga votando. “Yo creo que lo van a hacer igual. De lo que hay que estar preocupado es lograr que los nuevos inscritos se animen”, asegura. Para Valenzuela, el riesgo no se encuentra en una baja en la participación, sino en cómo buscar animar a los nuevos inscritos y agrega que “sin duda, haber eliminado el trámite engorroso para inscribirse es una ayuda, pero hay que motivar de todos modos a votar”.

El presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, Jorge Cash (31), no cree que la ley cumpla su objetivo: “esto construye una sociedad que es las elites para las elites. Van a votar los que han recibido educación cívica y entienden cómo funcionan estas cosas. Y los que no, quedan postergados y olvidados”. Él cree que la reforma falla a la hora de encontrar el foco de cómo motivar la participación política: “los jóvenes son los que más se la juegan por los temas país, nadie puede negar eso. Pero la clase política ha hecho vista gorda a que los jóvenes no asocian el voto con cambio político. Y aquí es donde la reforma falla”.

Si en algo coinciden los tres líderes juveniles, es que es de especial interés motivar a los votantes más jóvenes dentro de la nueva masa electoral, ya que estos serían los más reacios a participar. En el caso de la DC, Cash asegura que esa labora corresponde a la juventud del partido. “Tenemos una generación bastante talentosa de políticos que pueden representar con mucha eficacia a los jóvenes. Cosa de pensar en el senador Fuad Chaín, en Catalina Goic (diputada), en Claudio Orrego (alcalde de Peñalolén)”, dice el DC.

El Partido Socialista anunció el 6 de mayo que llevará a más de 70 candidatos a concejales que son menores de 30 años. Mientras tanto, Pillado asegura que la UDI buscará postular a más de 200 candidatos menores de 30 años al cargo, como una señal de apertura hacia segmentos de menor edad en la política.