—La necesidad. Si uno necesita urgente tiene que sacarla nomás –dice Daniela–, era para un regalo para mi pololo, no tenía plata y la única forma era una casa comercial. Era urgente, si hubiera tenido plata no la sacaba.

Daniela estaba caminando por la Alameda cuando vio un edificio neoclásico afrancesado, con dos gigantescos ventanales postmodernistas que parecen grandes ojos rectangulares que reflejan como espejos la calle. “Hites, Hites, Hites”, se lee en letras blancas sobre una franja gruesa azul de unos dos metros de alto, la cual divide al edificio dejando la parte afrancesada hacia arriba y una especie de arcos coloniales abajo, que parecen una boca abierta con colmillos. Por donde entró Daniela.

—Sí, poh, me endeudé porque la ocupé, pero la pagué al tiro.

En menos de una hora Daniela, que vive en Peñalolén con sus padres y no tiene trabajo, consiguió una tarjeta de crédito con el menor cupo que da la tienda: $40.000 pesos que puede ir aumentando dependiendo de su comportamiento crediticio. Pudo comprar el regalo para su pololo y gastar en resto de la plata junto a una amiga en maquillajes.

Daniela no ha cerrado la tarjeta pero asegura que no la volvió a usar para no endeudarse.

“El abuso que se ha cometido es la irresponsabilidad de las empresas emisoras de tarjetas de crédito, que le entregan tarjetas a jóvenes que no tienen renta demostrable, no tienen un trabajo permanente o están cesantes. Se las entregan sin ninguna comprobación ni siquiera de domicilio…” dice Hernán Calderón, director de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus).

Calderón agrega que con esta entrega indiscriminada, lo que se está buscando es que los padres se hagan cargo de las deudas, ya que no hay una comprobación de cuánto es el cupo al que puede acceder una persona con un sueldo y qué responsabilidad de compromiso de pago tiene. Esto, según él, sería la razón por la cual más del 20% de los jóvenes estaría en las listas de morosos según el informe Platinum desarrollado por la empresa Equifax, la misma que es responsable del célebre informe Dicom.

Según el Injuv, para el 21% de los  jóvenes de 18 a 24 años endeudados, sus padres se hacen cargo de la deuda. Para el 7%, nadie se hace cargo.

Andrés Sepúlveda, abogado que en 2011 destapó el fraude e irregularidades de La Polar antes que las instituciones fiscalizadoras –cuando  hizo un análisis económico para el estudio jurídico Gutiérrez y Silva–, cree que hay otro incentivo para endeudar a los jóvenes. “Tiene que ver con la actitud de las entidades financieras al momento de entregar créditos. Se basa en que obtienen mayores beneficios entre más endeudada esté la persona, es una política comercial para atar a los clientes a determinadas entidades, que no puedan elegir libremente y se tengan que quedar con una institución por la deuda”, señala el abogado. Esto, según él, se relaciona con un criterio netamente económico, en el cual el 75% que no está sobre endeudado cubriría las pérdidas de ese 25% que sí lo está y hace que el negocio siga siendo redondo.

Sepúlveda dice que además estaría relacionado con las altas tasas de interés que tienen los jóvenes por pertenecer a grupos riesgosos. “Acá no solo sufre la persona que está sobre endeudada, sino que también la que no, porque debe cubrir el riesgo de ese 25%”.

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Ingreso a La Polar del mall Plaza Norte, un espejo en frente de otro espejo, pregunto en la caja a una vendedora si me pueden dar una tarjeta de crédito siendo estudiante y comienza a moverse la maquinaria. Un llamado y aparece una persona que está entre una ejecutiva de cuentas de un banco y una vendedora de ropa de la tienda. Falda negra, blazer negro y un pañuelo rojo. Ella es la encargada de llevarme a las oficinas de atención al cliente y ver si me pueden entregar la tarjeta. Cinco de los cubículos tienen una función especial: “Consultas”, “acuerdo conciliatorio”, “repactaciones unilaterales”, como una herida todavía sangrante del fraude que estafó a cerca de un millón de personas y que mostró el poder que pueden tener las empresas de retail sobre los consumidores.

—Por favor coloque su índice derecho en el lector de la huella… ¿Tiene tarjeta en algún banco u otra tienda?

Sin ni siquiera preguntar mi número de rut y nunca haber registrado mis antecedentes en La Polar, una base de datos que debe provenir de varias empresas es la encargada de decir si soy apto o no para recibir una tarjeta de crédito.

—Lo sentimos, no entregamos tarjetas de crédito a estudiantes sin sueldo fijo.

Paula Avilés, encargada de marketing de ABCDIN, empresa que promociona sus productos con el humorista Stefan Kramer haciéndose pasar por políticos, deportistas y gente de la farándula, asegura que sus estrategias no están dirigidas a menores de 25 años por políticas de la empresa y que los jóvenes bajo esta edad no pueden acceder a las tarjetas. ABCDIN tuvo el mayor índice de reclamos –cantidad de reclamos promedio mensual por cada 10.000 deudores– en el Sernac Financiero en el primer semestre de 2013.

Sin embargo, los requisitos que tiene la tienda para acceder al crédito, que aparecen en un poster donde está Kramer –representándose a él mismo– mostrando una tarjeta con su nombre, dicen que un menor de 24 años puede tener la tarjeta de crédito si muestra una renta mínima de $250.000 pesos y 6 meses de antigüedad en el trabajo.

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Lorena vive en Cerro Navia junto a sus padres. Todos los días viaja desde allá hasta Providencia para estudiar Administración de Empresas en Recursos Humanos en la Universidad Andrés Bello. Los fines de semana va a trabajar en un pub de Bellavista, donde gana un poco más de $200.000 pesos mensuales. Fue al banco por un trámite puntual y le ofrecieron una tarjeta de crédito.

—Yo tengo Cuenta Rut en el BancoEstado. Como la utilizaba harto ellos me ofrecieron la tarjeta de crédito. Me dijeron: “te la vamos a dar porque tienes muchas transacciones”. Sí me he endeudado con esta tarjeta. Tiene un monto súper bajo de $200.000 pesos que es como para gente que estudia y trabaja, porque tu capacidad de endeudamiento no es mucha tampoco, poh, entonces no te dan cupos muy grandes.

BancoEstado fue el banco con más reclamos en el Sernac Financiero en el primer semestre de 2013.

Lorena asegura que la tarjeta está solo a su nombre y que por lo mismo, en caso de no pagar, no van a embargar la casa de sus padres, a pesar de que registró ese domicilio en el banco. No ha llegado a estar en Dicom por la deuda, ya que logra pagar antes con lo que le entra del pub. “Algo entiendo de Dicom”, asegura.

Las políticas internas de las empresas son las que deciden cuándo entregar un crédito y cuándo no. No hay una regulación que tenga una segmentación etaria y los criterios de selección establecidos para todas las instituciones son muy generales.

Gran parte de los créditos en Chile no son entregados por bancos, sino por organizaciones intermedias que funcionan como instituciones financieras, pero que en la mayoría de los casos tienen una normativa diferente. Estas pueden ir desde una simple empresa telefónica que da un préstamo de 1.000 pesos a sus usuarios, hasta grandes casas comerciales que entregan créditos por sumas millonarias.

La ley de Protección de los Derechos del Consumidor, que es la encargada de regular todas las operaciones comerciales, se aplica en el caso de los servicios que entregan las instituciones financieras, como el retail financiero. Esta ley establece elementos generales: qué información se le debe dar al consumidor, cómo se deben cobrar las cuotas y el interés, cómo se castiga a la publicidad engañosa, etcétera.

Otra ley que influye de manera directa al retail financiero y a los bancos en la entrega de créditos es la número 18.010, que establece las normas para las operaciones de crédito. Esta norma, entre otros aspectos, fija el interés máximo convencional. Como explica la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en su página web: “Este interés no puede exceder en más de un 50% el interés corriente que rige al momento de la convención. El interés corriente es el interés promedio cobrado por los bancos y sociedades financieras establecidas en Chile en las operaciones que realicen en el país (…) Corresponde a la SBIF determinar las tasas de interés corriente”. Estos promedios se establecen en relación con las operaciones efectuadas durante cada mes y las tasas resultantes se publican en el Diario Oficial y en la Superintendencia.