Por Cecilia González Espejo/Fotos: Juan Francisco Lizama López
En una sala de clases habilitada como salón de conferencias, un hombre protegido detrás de un escritorio se enfrenta a ocho mujeres que levantan la mano.
Hernán Ortega se encuentra en Bajos de Mena porque hace diez días –el 4 de octubre de 2014– lo nombraron coordinador ministerial del Plan Integral que el Gobierno de Michelle Bachelet quiere implementar en el que se ha llamado el gueto más grande de Chile.
Bajos de Mena: 66 hectáreas olvidadas en el último rincón de Puente Alto, donde viven 130.000 personas y hay un sólo lugar donde cargar la tarjeta Bip! Donde no hay farmacias, ni supermercados, ni comisarías, ni cuartel de bomberos y donde para atenderse con un médico hay que esperar, por lo menos, dos meses. Donde, según información recolectada por los mismos dirigentes vecinales, el 50% de los jóvenes consume pasta base, el 70% de las mujeres ha sido madre antes de los 14 años y, en promedio, cada familia vive con $300.000 al mes. Construido en 1990 para erradicar los campamentos, Bajos de Mena resultó una solución habitacional tan problemática que, en 20 años, el mismo Estado llegó a la conclusión de que había que demoler para volver a construir.
Los niños no cuentan con espacios para jugar y corren el riesgo de enfrentarse a tiroteos entre bandas de narcotraficantes.
No es la primera vez que Hernán Ortega se encuentra en una situación así. Fue el encargado de los planes integrales de Alto Hospicio entre 2001 y 2003, y de San Pedro de la Costa entre 2003 y 2005; lo nombraron responsable de la reconstrucción de Tocopilla en 2008 e incluso fue candidato a alcalde en las elecciones de 2012 por el Partido Socialista. Ahora Ortega se acaricia las manos en un gesto nervioso mientras escucha atento cómo lo interpelan.
—Jaqueline Contreras, soy de la San Miguel 6. Mire, suena súper bonito lo que quieren hacer, pero en mi sector la mayoría de la gente se quiere ir. Porque, antes que el hacinamiento, es la parte social: dicen que quieren combatir la drogadicción, darle oportunidades a los niños y a los jóvenes, pero ¿qué pasa con los narcotraficantes que ya están? ¿Con los delincuentes? Voy a dejar a mi hijo al colegio y tengo que tener cuidado porque en cualquier momento se agarran a balazos y de verdad, yo, Jaqueline Contreras, estoy cansada.
“Están construidos como si fuera un gueto, no como si fuera un lugar donde vive una familia normal. Probablemente, muchos de estos departamentos va a haber que derrumbarlos y construir viviendas de verdad” —sentenció Piñera, cuando era candidato en 2009
—Muchas gracias, está claro, lo vamos a ver.
—Yo soy Etelinda Soto, pertenezco al Volcán 1. Yo lo desafiaría a usted, e incluso a la Bachelet, de que fuera a ver mi villa y viera la mala calidad de las viviendas. Nosotros fuimos reparados dos veces, pero aun así las viviendas se siguen pasando de agua, se sigue bajando la loza, y no es algo que puedan decirme que lo van a reparar, porque ¿para qué, de qué me sirve? Yo recibí con harta ilusión esa vivienda, pensaba tenerla para toda la vida, ¿pero para qué, para qué tanta desilusión?
—Está claro, vamos a seguir.
—Yo soy Pilar Aravena, dirigente de la Villa Francisco Coloane. Yo creo que lo que hay que destruir, hay que destruirlo. Porque hoy día en todos los condominios sociales el daño estructural es una cosa, pero el daño social, psicológico y emocional de las familias… Reconstruir eso nos va a costar muchos años más.
—Sí, ¿Alguien más?
Después de cada intervención los asistentes se desviven en aplausos. A la mitad de las preguntas se escucha un tiroteo cercano: viene de la Villa Marta Brunet, ubicada a pocas cuadras. Todos ríen con complicidad:
—Le están dando la bienvenida, coordinador.
Lo que tienen en común las ocho mujeres que interrogan a Hernán Ortega es que todas son presidentas de la junta de vecinos de la villa en la que viven, villas que en los ocho casos se componen de blocs en altura. Y aunque por separado cada una pelea por los suyos, cuando se juntan se transforman en la Asociación Social, Deportiva y Cultural Santiago Poniente Bajos de Mena: Así Queremos Vivir, cuyo único objetivo es que se demuelan los condominios donde viven hace 18 años.
De las 49 villas que componen Bajos de Mena, 17 son lo que el Estado denominó “condominios sociales en altura”, edificios de tres pisos con 12, 24 o 48 departamentos de 42 metros cuadrados cada uno. Es en este tipo de viviendas donde se concentran los problemas más graves. Los muros resquebrajados y las escaleras desencajadas delatan los daños estructurales de algunas construcciones, mientras que las filtraciones de las cañerías –inmunes a cualquier reparación– mantienen los departamentos húmedos y llenos de hongos. En promedio, alrededor de ocho personas viven en cada unidad y se oye qué hacen los vecinos en la vivienda colindante. No hay patios y los niños no pueden jugar en la calle por temor a los delincuentes, las “balas locas” y los narcotraficantes.
Las viviendas cuentan con daños estructurales y húmedad producto de las filtraciones.
El Plan Integral que propone el gobierno es ambicioso. Entre 2015 y 2018 debería resolver los principales problemas de Bajos de Mena: falta de conectividad, nula seguridad, escasez de servicios y de áreas verdes. En vez de destruir, la apuesta del Gobierno es por darle un nuevo valor al terreno y la población. “Suena bonito”, suspiran todas. Pero son incrédulas. La lista de promesas inconclusas es larga (ver capítulo El programa del plan piloto).
Lo que les preocupa es algo más urgente. En 2009, cuando Sebastián Piñera aún era candidato a la Presidencia, lo invitaron a conocer la población con la condición de que no llamara a la prensa. Las dirigentes se encargaron de grabarlo con sus teléfonos celulares para tener un registro a de la conversación. Pero los medios finalmente llegaron y en el video que el comando del ex Presidente subió a YouTube, se ve a Piñera declarando:
—Esto no es vida, esto es una indignidad, es un atentado a los derechos humanos. Y parte del problema es que estos departamentos están mal hechos.
— ¡Hay que demoler!— aunque no la muestran las cámaras, se escucha gritar a Viviana Fuentes, presidenta de Así Queremos Vivir.
—Están construidos como si fuera un gueto, no como si fuera un lugar donde vive una familia normal. Probablemente, muchos de estos departamentos va a haber que derrumbarlos y construir viviendas de verdad —sentenció Piñera.
Si las viviendas ya presentaban falencias desde su construcción, con el terremoto se acentuaron.
Ese fue el puntapié inicial. Piñera salió elegido y en 2011 las dirigentes le cobraron la palabra. Protestaron frente a La Moneda e interrumpieron sesiones del Congreso hasta que en 2012 lograron que dos villas, la Francisco Coloane y la Cerro Morado, fueran escogidas por el Ministerio de Vivienda como uno de los cinco complejos habitacionales con extremo deterioro donde se implementaría el programa piloto Recuperación de Condominios Sociales en Altura: Segunda Oportunidad. Éste consistiría en la demolición de los edificios y la reubicación de sus habitantes gracias a un subsidio con el que podrían escoger dónde comprar una casa de hasta 700 UF. En total, son 64 blocs y 1.424 las familias de Bajos de Mena que partirán a un nuevo hogar a lo largo de las tres etapas del programa.
La esperanza de las dirigentes es que la Segunda Oportunidad se replique en los otros 15 condominios en altura, el gobierno de Michelle Bachelet no está de acuerdo con la demolición. Y aunque el presupuesto 2015 aseguró 18 mil millones de pesos para completar el piloto en las cuatro regiones donde se está llevando a cabo, la forma en que va a continuar la intervención de condominios sociales de extrema vulnerabilidad a nivel nacional aún está en revisión. “Que se burocratice el plan es un desgaste para nosotros los vecinos, porque todos están desesperados por irse”, se lamenta Viviana, la misma que gritaba detrás de Piñera.
Lee los otros capítulos de esta crónica:
También puedes leer esta historia en nuestro canal de Medium.