En la comunidad hoy conviven vecinos que no han dejado sus departamentos con nuevos habitantes que intentan hacer uso de los espacios deshabilitados.
Parchar las grietas
Los ciudadanos chilenos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la Ley, pueden postular a un subsidio habitacional una sola vez en la vida. Luego de eso, quedan “marcados”: para el Estado ya son propietarios de una vivienda, sin importar las condiciones de la misma. El programa Recuperación de Condominios Sociales: Segunda Oportunidad nació con el espíritu de revertir esta situación.
La dictadura dejó un déficit de 900.000 unidades habitacionales y la prioridad de los gobiernos de la Concertación fue construir rápido y barato. Para solucionar el problema de los “sin techo”, en diez años se entregaron cerca de 765.000 viviendas nuevas –más del doble que en la década anterior–, pero se generó una problemática diferente: se hicieron construcciones diminutas, en zonas muy densificadas en la periferia de las ciudades, donde los terrenos eran más baratos.
A mediados de 2012, cuando surgió la idea de la Segunda Oportunidad, el Serviu estimaba que en todo Chile había un total de 60.000 condominios sociales en condición de irrecuperables, muy distantes de los estándares de vivienda social que se exigen en la actualidad: al menos cuatro habitaciones consolidadas para departamentos de menos de 50 metros cuadrados, con posibilidad de ampliación.
El objetivo del programa Segunda Oportunidad es que los dueños de viviendas deficientes puedan postular nuevamente al subsidio habitacional, debido a que la ley no permite solicitarlo más de una vez.
“La solución era tan mala y tan deficiente a los ojos de hoy, que era impresentable que hubiera familias que vivían en 40 metros cuadrados y en esas condiciones”, afirma Sergio Feres, quien estuvo a cargo de la implementación del programa en las villas Francisco Coloane, Cerro Morado y Parinacota de Quilicura.
Tras este diagnóstico se concluyó que quienes residían en esas 60 mil construcciones merecían la oportunidad de recibir, por segunda vez en su vida, un subsidio para cumplir el sueño de la casa propia.
Feres llegó a Bajos de Mena en febrero de 2013. Acababa de dejar su puesto como Director del Serviu en la Región de los Lagos para asumir como Coordinador de Rehabilitación Urbana en la Región Metropolitana, conformar un equipo y lanzarse a liderar el programa piloto. En la marcha se barajaron distintas opciones para recuperar los blocs de departamentos: ampliaciones 2×1 –en las que dos departamentos se fusionan en uno solo–, 3×2, e incluso transformar los edificios en casas de tres pisos. Pero demoler costaba lo mismo y era más rápido.
Los condominios de Bajos de Mena surgieron como una solución rápida para el défiticit habitacional que dejó la dictadura.
Desde que comenzó a funcionar el programa Segunda Oportunidad, los residentes de Francisco Coloane y Cerro Morado concentraron su atención en el proceso de salida: trámites, subsidios, reuniones de delegados, el Conservador de Bienes Raíces y la fiscalización de la SGAT (Sección de Gestión de Asistencia Técnica del Serviu).
Hasta la fecha, 887 familias han dejado Bajos de Mena, 240 tienen sus papeles firmados para partir durante los próximos meses a una casa nueva y 426 tendrán que esperar hasta el cierre de programa que comienza, en teoría, a mediados de 2015.
Aunque Viviana Fuentes ya no vive en Bajos Francisco Coloane –su edificio fue uno de los primeros que demolieron– está de lunes a viernes, desde las 9.00 a las 20.00 h., rondando por la población preocupada de que el plan funcione. Cruza infinitas veces desde la sede a la oficina del Serviu, y de ésta a la sede, o al paradero para tomar una micro que la lleve hasta la Municipalidad de Puente Alto, y de ahí a la oficina del Serviu nuevamente. Cada 15 minutos suena su celular, un aparato rosado tan grande que apenas le cabe en la palma de la mano, y contesta sin dejar de firmar papeles ni llenar formularios.
—¡Vivi, la estaba buscando! —afuera de una tienda, una mujer ha estado esperando a Viviana desde que la vio bajando por la calle—. Ya tengo los documentos para la casa nueva, pero no entiendo a dónde tengo que ir ahora.
—Tiene que llevarlos usted misma a la SGAT. Los equipos técnico y legal tienen que comprobar que la casa que quiere comprar es buena y no la están estafando.
—A la SGAT, entonces. Gracias mi niña, no sé qué haría sin usted.
—Nos vemos, vecina, acuérdese de que hay reunión de todos los bloques a las seis —se despide Viviana sin dejar de caminar.
—¡Vivi! —esta vez la abordan a la salida del jardín infantil— ¿Escuché que vamos a poder hacer convenio con la CGE (Compañía General de Electricidad)?
—Sí, la próxima semana, todos los días, los propietarios van a poder venir con diez lucas en la mano a hacer convenio y comprometerse a pagar sus deudas, pero van a cobrar hasta 34 cuotas, no más. Si no, no se van a poder ir.
—¡Ay qué bueno! Gracias, Vivi, muchas gracias.
—¡Vivi…! —las preguntas son interminables.
La diriginte Viviana Fuentes ya no vive en los condominios, pero sigue apoyando a los residentes en los procesos administrativos para dejar el lugar.
A Viviana siempre la acompaña Pilar Aravena, co-dirigente de la villa Francisco Coloane y su mejor amiga. Su carrera como líderes vecinales la comenzaron a principios de los 2000, cuando levantaron el movimiento de deudores habitacionales. En esa época también conocieron a Manuel José Ossándon, hoy senador por Renovación Nacional pero en ese entonces alcalde de Puente Alto, con quien tienen una relación cercana. Él las va a visitar a sus casas y hablan constantemente por teléfono. La idea de demoler fue de él, pero ellas engancharon enseguida. Hicieron una consulta en cada una de las villas y cuando se dieron cuenta que había quórum suficiente decidieron organizarse y formar Así queremos vivir.
Detrás de la Segunda Oportunidad existe una verdadera maquinaria de funcionarios públicos que trabajan a tiempo completo para sacarlo adelante. Justo en medio de la calle que separa las villas Francisco Coloane y Cerro Morado se encuentra, enrejada y con candado, la oficina permanente del Serviu. En ella trabajan todos los días abogados, arquitectos y asistentes sociales del Ministerio de Vivienda que ayudan a los pobladores a conseguir los documentos necesarios para obtener el subsidio que les ofrece el Estado, solucionar los trámites legales que tienen pendientes y encontrar una casa que cumpla con los criterios mínimos de seguridad que se les exige a los compradores.
Sin embargo, una parte fundamental del trabajo que realiza esta oficina no ocurre dentro de sus cuatro paredes de ladrillo ni es responsabilidad de sus funcionarios. Viviana, Pilar y Julia Valenzuela, dirigenta de Cerro Morado, son fundamentales para el éxito del programa: con los años se han vuelto expertas en compraventa de inmuebles y la burocracia del sistema público. Supervisan que sus vecinos completen correctamente los formularios y los acompañan a buscar casa, como una corredora de propiedades.
En las paredes de las oficinas del Serviu se ofertan viviendas en venta.
Originalmente, la demolición empezaba el 30 de septiembre. Luego, el 15 de octubre, noviembre, diciembre… el primer edificio no cayó hasta enero. A esto se suma el principal obstáculo del programa: los residentes que se rehúsan a dejar sus departamentos.
Aunque la libertad para escoger es el eje del programa, sin que nadie lo previera se transformó en un arma de doble filo. Para que un bloc pueda postular al subsidio, es mandatorio que el 85% de los inquilinos esté dispuesto a adherir a la Segunda Oportunidad. Si se trata de una nave de 24 departamentos, basta que dos propietarios se nieguen para estancar a todo el edificio. Si antes del programa la convivencia entre los vecinos ya era difícil, desde que comenzó el proceso de postulación se transformó en una verdadera guerra.
No todos los vecinos están de acuerdo con dejar sus viviendas, lo que ha generado una división en la comunidad y ha entorpecido el avance del programa Segunda Oportunidad.
Según los cálculos de Alfredo Moreno –dirigente de Francisco Coloane y líder de Pobladores Chile Unido–, la agrupación de vecinos que se oponen a la Segunda Oportunidad, en un principio eran 350 las familias propietarias que no quisieron acogerse al plan. Hoy ese número es menos de la mitad. El que se quería quedar tenía que soportar los insultos del resto de sus vecinos, las amenazas, los vidrios rotos. “La presión era demasiado grande para soportarla, incluso entre miembros de la misma familia. A mí me han acusado de mentiroso, hasta de narcotraficante por querer quedarme”, afirma Moreno, valiéndose de los documentos que lleva en un pulcro maletín negro.
La principal objeción al programa es el monto de los subsidios. Con 700 UF es muy difícil encontrar una vivienda que cumpla con los criterios de la SGAT, por lo que los propietarios terminan mudándose a las comunas aledañas, La Pinta y San Bernardo, o a regiones, lejos de sus familias y sin certeza de encontrar trabajo. Incluso, con el apuro de cumplir los plazos establecidos por el Serviu, muchos han optado por comprar una casa en Bajos de Mena, cambiándose, por ejemplo, a la villa continua a Francisco Coloane, la Chiloé. Una segunda oportunidad a cuadras de distancia.
“Si nos sacan de aquí, ¿dónde nos van a meter a todos?”, pregunta Alfredo Moreno, uno de los vecinos que no está de acuerdo con dejar su hogar.
Uno de cada ocho propietarios que se fue en la primera etapa todavía no tiene dónde vivir. Encontrar un hogar es cada vez más difícil. Según los datos más recientes del Observatorio del Déficit Habitacional del Serviu, en Chile hay una escasez de 420.000 viviendas y los costos de construcción han aumentado en un 40% desde 1992. Por eso, Alfredo Moreno dice que lo suyo es una llamada al realismo:
—Sé que es impopular decirlo, pero en Bajos de Mena demasiadas familias viven en condominios sociales en altura. Si nos sacan de aquí, ¿dónde nos van a meter a todos?
Las diferencias entre los vecinos ha llevado a que en la actualidad los departamentos habitados convivan con espacios abandonados.
Por último, como el programa era voluntario y no se podía prever ni el nivel de adhesión ni el éxito que tendría, no se planificó con antelación el uso de los espacios que quedarían liberados. Como resultado, Francisco Coloane y Cerro Morado hoy son una mezcla de edificios habitados; edificios deshabilitados que esperan, sin techos, ni puertas ni ventanas, la demolición; y espacios vacíos, cubiertos de basura e inundados por las matrices de las cañerías, para siempre rotas.
Sergio Feres reconoce las falencias del programa, especialmente por lo pequeño de su alcance:
—Siendo realista, diez mil viviendas al año es imposible. Cinco mil también. Pero si se lograran dos mil o tres mil en todo Chile, serían dos mil o tres mil familias que tendrían otra mirada.
Solamente en Bajos de Mena, 10.983 familias viven en condiciones suficientes –o tan insuficientes– como para postular a la Segunda Oportunidad.
Lee los otros capítulos de esta crónica:
También puedes leer esta historia en nuestro canal de Medium.