III

El de Cristian Rojas es uno de los 40 casos que forman parte de la iniciativa de la Defensoría Penal Pública (DPP), Proyecto Inocentes, que desde 2009 busca promover la discusión y perfeccionamiento del sistema judicial en el país.

En Chile, esta iniciativa es una adaptación de la experiencia que desde 1989 existe en Estados Unidos. The Innocence Project es una organización pública dedicada a exonerar a personas condenadas por error, principalmente a través de pruebas de ADN. A la fecha, se ha logrado demostrar la inocencia de 321 casos en ese país, salvando a 18 de ellos de la pena de muerte.

Con su sitio web lanzado oficialmente en 2013, Proyecto Inocentes en Chile pretende abrir el debate en torno a las fallas en los procesos de investigación judicial que –como en el de Cristian– llevan a que los jueces dicten sentencias equívocas, basados en pruebas, testigos o declaraciones falsas. Además, busca ser una herramienta que permita mostrar públicamente a las personas que fueron condenadas por error. La idea es lograr una reparación pública y devolver, en la medida de lo posible, la dignidad a aquellos que fueron injustamente acusados.

El éxito e impacto social que tuvo la idea original en Estados Unidos provocó que otros países siguieran el ejemplo. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra e Irlanda se sumaron a la red, y desde hace cinco años que ha logrado penetrar en América Latina. Hoy Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Chile han adoptado el proyecto para combatir las falencias de sus sistemas de justicia.

La particularidad del caso chileno, es que se trabaja investigando solo causas cerradas en las cuales se demostró que la justicia ha cometido un error. El objetivo es identificar las debilidades que hubo durante el proceso. Corregir las sentencias ya dictadas –como sucede en Estados Unidos– es prácticamente imposible.

Reabrir casos para cambiar la condena, en Chile es un proceso lleno de trabas que impiden retomar las investigaciones. La evidencia de los casos es destruida una vez que se dicta la sentencia, ya que no existen ni los medios ni la infraestructura necesaria para preservarla. A esto se le suman los estrictos requisitos que existen para que el Tribunal o la Corte Suprema acepten los recursos de revisión, los que impiden que los defensores puedan acceder libremente a los documentos de cada caso para tener la posibilidad de demostrar errores en los procesos.

Un buen ejemplo de la complejidad y lo estricto que son los requisitos para que se acepte revisar los casos una vez hechas las condenas, es un estudio que se dedicó a investigar todos los fallos de revisión que fueron acogidos por la Corte Suprema entre enero de 2007 y abril de 2009: de las 229 acciones de revisión que fueron presentadas a la Corte Suprema, diez de ellas fueron aceptadas. El resto quedó en nada.

Por estos obstáculos, los defensores que participan del Proyecto Inocentes en Chile se dedican a investigar aquellas causas en las que el fiscal decida no perseverar; es decir, suspender la investigación por falta de pruebas que inculpen a la persona. También cuando se ha dictado sobreseimiento definitivo, cuando se cumple el plazo máximo de investigación –dos años– y los aspectos técnicos de las pruebas no son acordes a los requisitos formales; o bien, durante un juicio, cuando el juez dicta la absolución de la persona al presentarse pruebas que lo exculpen del cargo que se le acusa, declarando así su inocencia.

En el caso de Cristian, esta última opción fue la que le devolvió su libertad.